Es evidente.
Como la presión del agua caliente que sale de un volcán anunciando una erupción, al menos los problemas de seguridad pública, corrupción, educación, pobreza y desarrollo desigual están empujando fuertemente una nueva realidad del federalismo mexicano: se hace cada vez más centralista.
Parece contradictorio.
La intervención de la federación para paliar los graves problemas nacionales tienen el riesgo de fortalecer su ámbito de acción en detrimento de las potestades de los estados y de los municipios.
Si bien es cierto que debe existir una armonía legal y funcional de competencias y estrategias de coordinación, concertación y complementariedad de recursos, programas y acciones, en los hechos quien sale fortalecido de estas tendencias es la federación.
En este proceso de detrimento del federalismo no se puede culpar a los municipios, porque en su mayor parte son el eslabón más frágil de la cadena.
La culpa, en todo caso, recae sobre las soberanías estatales que, por omisión o por comisión, no han sido capaces de contribuir al ejercicio responsable del poder público.
Así lo demuestra el crecimiento desmedido de la inseguridad en ciertas zonas de la República Mexicana.
En consecuencia, la Federación responde con la movilización del ejército y las propuestas de una gendarmería nacional--como existe en algunos países centralistas--.
Así lo muestran también los casos escandalosos de corrupción que son del dominio público en los estados por la poca discreción de los propios actores involucrados en esas ilícitas actividades y que generalmente se dan a conocer a través de la ciudadanía o la prensa y no precisamente por los otros poderes o los órganos de control y vigilancia de los propios poderes ejecutivos locales o nacionales.
De qué sirve que tengamos leyes de transparencia y acceso a la información pública, órganos más estrictos de control y supervisión de los recursos públicos y cámaras de diputados repletas de representantes populares de los más diversos partidos, si no son capaces de prevenir, evitar y castigar estos actos de corrupción que parecen increíbles, por las enormes cantidades de dinero que se puede robar del erario público.
La federación responde entonces con propuestas de intervenir con mayor rigor las finanzas estatales y municipales.
También se trata de una crisis de los partidos.
Es realmente exagerada la tolerancia y la impunidad que existe entre los partidos hacia sus miembros que, ocupando cargos políticos o administrativos, siguen como si nada, lo que los hace cómplices de estas anomalías.
Los problemas focalizados de la educación no son ajenos a la intervención del poder público. Los monstruos sindicales que pelean, manejan y defienden cuantiosos recursos públicos, con la existencia de auténticos ejércitos de aviadores, fueron fomentados en buena medida por los propios gobiernos locales y que, en la mayoría de los casos, perdieron el control de un monstruo al que alimentaban económicamente con la falsa idea de la gobernalidad y pasándose por el arco del triunfo la legalidad y el imperio de la ley.
En el aspecto de la pobreza es evidente también que los estados hacen pocos o nulos esfuerzos por enfrentarla seriamente. Se percibe una gran ausencia de la gestión y gobierno para el desarrollo. Claro, debe haber excepciones, pero la impresión es que la marginación le gana la carrera a los gabinetes de gobierno. Esto ha generado una relevante intervención del poder ejecutivo federal a través de programas como el que combate el hambre.
Los gobiernos locales dan muestras de mucha pereza y corrupción y al parecer la política y la democracia no abonan mucho para resolver esta crisis que sólo fortalece la intervención del poder central.
Acaso, la mayor incertidumbre no será si los gobiernos locales son capaces de coordinarse con el poder federal para defender y vigorizar su soberanía en el marco del federalismo; el mayor problema es que al ejercerse un mayor poder central, la propia federación se vuelve vulnerable ante amenazas más grandes.
No cabe duda que hay mucho trabajo por hacer.
Como la presión del agua caliente que sale de un volcán anunciando una erupción, al menos los problemas de seguridad pública, corrupción, educación, pobreza y desarrollo desigual están empujando fuertemente una nueva realidad del federalismo mexicano: se hace cada vez más centralista.
Parece contradictorio.
La intervención de la federación para paliar los graves problemas nacionales tienen el riesgo de fortalecer su ámbito de acción en detrimento de las potestades de los estados y de los municipios.
Si bien es cierto que debe existir una armonía legal y funcional de competencias y estrategias de coordinación, concertación y complementariedad de recursos, programas y acciones, en los hechos quien sale fortalecido de estas tendencias es la federación.
En este proceso de detrimento del federalismo no se puede culpar a los municipios, porque en su mayor parte son el eslabón más frágil de la cadena.
La culpa, en todo caso, recae sobre las soberanías estatales que, por omisión o por comisión, no han sido capaces de contribuir al ejercicio responsable del poder público.
Así lo demuestra el crecimiento desmedido de la inseguridad en ciertas zonas de la República Mexicana.
En consecuencia, la Federación responde con la movilización del ejército y las propuestas de una gendarmería nacional--como existe en algunos países centralistas--.
Así lo muestran también los casos escandalosos de corrupción que son del dominio público en los estados por la poca discreción de los propios actores involucrados en esas ilícitas actividades y que generalmente se dan a conocer a través de la ciudadanía o la prensa y no precisamente por los otros poderes o los órganos de control y vigilancia de los propios poderes ejecutivos locales o nacionales.
De qué sirve que tengamos leyes de transparencia y acceso a la información pública, órganos más estrictos de control y supervisión de los recursos públicos y cámaras de diputados repletas de representantes populares de los más diversos partidos, si no son capaces de prevenir, evitar y castigar estos actos de corrupción que parecen increíbles, por las enormes cantidades de dinero que se puede robar del erario público.
La federación responde entonces con propuestas de intervenir con mayor rigor las finanzas estatales y municipales.
También se trata de una crisis de los partidos.
Es realmente exagerada la tolerancia y la impunidad que existe entre los partidos hacia sus miembros que, ocupando cargos políticos o administrativos, siguen como si nada, lo que los hace cómplices de estas anomalías.
Los problemas focalizados de la educación no son ajenos a la intervención del poder público. Los monstruos sindicales que pelean, manejan y defienden cuantiosos recursos públicos, con la existencia de auténticos ejércitos de aviadores, fueron fomentados en buena medida por los propios gobiernos locales y que, en la mayoría de los casos, perdieron el control de un monstruo al que alimentaban económicamente con la falsa idea de la gobernalidad y pasándose por el arco del triunfo la legalidad y el imperio de la ley.
En el aspecto de la pobreza es evidente también que los estados hacen pocos o nulos esfuerzos por enfrentarla seriamente. Se percibe una gran ausencia de la gestión y gobierno para el desarrollo. Claro, debe haber excepciones, pero la impresión es que la marginación le gana la carrera a los gabinetes de gobierno. Esto ha generado una relevante intervención del poder ejecutivo federal a través de programas como el que combate el hambre.
Los gobiernos locales dan muestras de mucha pereza y corrupción y al parecer la política y la democracia no abonan mucho para resolver esta crisis que sólo fortalece la intervención del poder central.
Acaso, la mayor incertidumbre no será si los gobiernos locales son capaces de coordinarse con el poder federal para defender y vigorizar su soberanía en el marco del federalismo; el mayor problema es que al ejercerse un mayor poder central, la propia federación se vuelve vulnerable ante amenazas más grandes.
No cabe duda que hay mucho trabajo por hacer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario