Durante la campaña por la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador hizo varias promesas.
En muchos casos omitió señalar que algunos cambios tendrían que ser aprobados por el Congreso para proceder.
Como eran tiempos de campaña, no hubo en estricto sentido mucha discusión sobre el asunto.
Una vez que el candidato ha resultado ganador su discurso no se ha modificado.
Por ejemplo, la intención de cambiar de ubicación hacia otros estados a las secretarías del Poder Ejecutivo se percibe como una intención personal que día a día va mostrando la ausencia de un mapa de ruta, pero lo más alarmante, es que el sustento legal y político de esta decisión no se ve por ninguna parte.
En algunos casos el propio Andrés Manuel se ha referido a este proceso como "descentralización".
Incluso, los medios de comunicación han repetido esta idea, subestimando la dimensión del problema de fondo y repiten mecánicamente que se trata de un asunto de "descentralización", cuando en estricto sentido no es así.
Desde la perspectiva de que México es una república federalista existe una división de poderes que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para evitar la concentración del poder en un solo de éstos; del mismo modo, existe un equilibrio entre órdenes de gobierno, que son el federal el estatal y el municipal, por el cual se da un respeto entre las competencias de cada uno de estos ámbitos.
Esto es así porque ha sido una respuesta histórica en la búsqueda de equilibrios políticos y económicos que se ha construido a lo largo de la evolución del país.
De ahí que cuando hablamos de "descentralización", desde la perspectiva del federalismo mexicano, se entiende que un orden de gobierno como la federación, cede facultades y recursos hacia otro orden como el estatal que asume la responsabilidad de desarrollar esa función. También se puede dar de las entidades federativas hacia los municipios.
Cuando se trata de cambiar la ubicación de las secretarías de estado hacia las entidades federativas, no es un proceso de descentralización, estamos hablando de un acto de "desconcentración"; es decir, las secretarías siguen operando sus recursos y siguen dependiendo del poder ejecutivo, pero su ubicación se traslada territorialmente hacia otros lugares desde donde van a operar.
La finalidad de la desconcentración es acercar los bienes y servicios públicos en donde se obtenga una mayor eficacia.
El candidato electo ha señalado que la pretensión de reubicar a las secretarías del poder ejecutivo tiene esa intención de búsqueda de eficacia y al mismo tiempo que se fomente el desarrollo económico en los lugares a los que se trasladarán.
Desde una perspectiva de costo beneficio todavía existen muchas dudas de que se impacte positivamente el desarrollo económico local con el cambio de domicilio de las secretarías del poder ejecutivo. Sobre todo porque se prevé un adelgazamiento del aparato burocrático y los contrapesos sindicales limitarían también la pretensión de trasladar al personal operativo de base a los estados, con lo que se corre el riesgo de mantener unidades operativas en la Ciudad de México y también unidades de la misma dependencia en el interior del país, pero esto se irá esclareciendo conforme se conozcan las estrategias de esta desconcentración.
Una evidencia adicional en la ausencia del federalismo en el discurso del presidente electo lo representa el nombramiento de figuras intermedias entre los gobernadores y el poder ejecutivo, los llamados "coordinadores". Durante el Porfirismo había una figura parecida, los "prefectos" y que fueron, entre otros, uno de los motivos por los que estalló la Revolución Mexicana.
Estos nombramientos fortalecen el poder central, aunque los riesgos de que vulneren el equilibrio federal son amplios, lo que podría derivar en controversias constitucionales cuando los órdenes de gobierno estatal y municipal vean vulnerada su soberanía y su autonomía, respectivamente.
Más allá de la retórica de campaña se espera que el presidente electo asuma su responsabilidad en el marco de la ley y del respeto del federalismo.
La necesidad de mejorar nuestro sistema político y de la arquitectura del servicio público es imperiosa.
Una modernización de la cosa pública tiene que partir necesariamente de los avances históricos que hemos logrado en la división de poderes y el equilibrio de ámbitos de competencias en los órdenes de gobierno.
Se trata de fortalecer el federalismo, de vigorizar las soberanías estatales y de consolidar la autonomía municipal.
Pero también se trata de ahuyentar el fantasma de las tentaciones autoritarias, en beneficio de una república federalista más sólida que brinde soluciones eficaces a las demandas de la realidad.
