Hay que ser honestos.
Y desde esta perspectiva, debemos reconocer que los diputados locales y federales---como también los senadores---, representan un poder que causa una pesada carga al erario de nuestro país.
La división de poderes se ha convertido de facto en la división del pastel presupuestario, pues a la par del ejercicio del poder, los poderes mantienen disputas continuas por una creciente asignación de recursos.
Un trabajo interesante sería conocer en qué periodo de la historia los congresos han tenido un mejor rendimiento.
Conservando, desde luego, las asimetrías de la evolución social y económica de México a lo largo de los siglos, pareciera que hoy en día los representantes populares del poder legislativo, tienen un menor rendimiento y un mayor gasto en la relación costo-beneficio para el país, sobre todo si tomamos como punto de referencia para evaluar el trabajo legislativo, la teoría de la seguridad nacional, pero esto, ya es otro asunto.
Siguiendo la idea inicial, realmente cuesta trabajo comparar el generoso resultado legislativo de los Constituyentes del 17, por ejemplo, contra los ingresos que percibían. Pero aún cuando no fuese posible un comparativo del congreso constituyente con los congresos establecidos en periodos de relativa paz social, la función de los legisladores sigue siendo la misma en el sistema federal.
La percepción general es que estos representantes populares, en general, presentan escasas iniciativas realmente trascendentes, muchas iniciativas de bajo perfil y por lo general, el valor de su voto en iniciativas de relevancia para el país deja mucho que desear respecto a la calidad de su voto y el ejercicio de su soberanía.
Diversos estudios respecto del gasto y la eficacia del trabajo legislativo deja mal parados a los diputados y junto con esta caracterización, se pone en tela de juicio el destino de los recursos que son destinados para fomentar la democracia, la operación de los partidos políticos y la escasa calidad de sus productos finales: los gobernantes y las leyes.
Ya es tiempo de avanzar hacia nuevos esquemas que le den una verdadera eficacia a la democracia, sobre todo, cuando los recursos que la sostienen, en su mayoría, representan una carga que compromete cada vez más la relativa independencia financiera de México.
Y desde esta perspectiva, debemos reconocer que los diputados locales y federales---como también los senadores---, representan un poder que causa una pesada carga al erario de nuestro país.
La división de poderes se ha convertido de facto en la división del pastel presupuestario, pues a la par del ejercicio del poder, los poderes mantienen disputas continuas por una creciente asignación de recursos.
Un trabajo interesante sería conocer en qué periodo de la historia los congresos han tenido un mejor rendimiento.
Conservando, desde luego, las asimetrías de la evolución social y económica de México a lo largo de los siglos, pareciera que hoy en día los representantes populares del poder legislativo, tienen un menor rendimiento y un mayor gasto en la relación costo-beneficio para el país, sobre todo si tomamos como punto de referencia para evaluar el trabajo legislativo, la teoría de la seguridad nacional, pero esto, ya es otro asunto.
Siguiendo la idea inicial, realmente cuesta trabajo comparar el generoso resultado legislativo de los Constituyentes del 17, por ejemplo, contra los ingresos que percibían. Pero aún cuando no fuese posible un comparativo del congreso constituyente con los congresos establecidos en periodos de relativa paz social, la función de los legisladores sigue siendo la misma en el sistema federal.
La percepción general es que estos representantes populares, en general, presentan escasas iniciativas realmente trascendentes, muchas iniciativas de bajo perfil y por lo general, el valor de su voto en iniciativas de relevancia para el país deja mucho que desear respecto a la calidad de su voto y el ejercicio de su soberanía.
Diversos estudios respecto del gasto y la eficacia del trabajo legislativo deja mal parados a los diputados y junto con esta caracterización, se pone en tela de juicio el destino de los recursos que son destinados para fomentar la democracia, la operación de los partidos políticos y la escasa calidad de sus productos finales: los gobernantes y las leyes.
Ya es tiempo de avanzar hacia nuevos esquemas que le den una verdadera eficacia a la democracia, sobre todo, cuando los recursos que la sostienen, en su mayoría, representan una carga que compromete cada vez más la relativa independencia financiera de México.
