Ya es hora.
El conflicto poselectoral municipal, principalmente en municipios que se rigen por el sistema de prácticas consuetudinarias, mejor conocidas como usos y costumbres, demandan de la mayor atención para avanzar hacia una necesaria reforma.
De acuerdo con la legislación electoral local, entre los requisitos fundamentales para que una elección sea realizada por este régimen se encuentra:
1. Que en el año en que se realizará el proceso, el ayuntamiento esté comprendido en el catálogo de municipios por usos y costumbres del Instituto Electoral estatal, situación que se puede modificar cuando el municipio de referencia manifieste su interés por pasar al régimen de partidos políticos.
2.Que la elección se realice como se viene haciendo de manera consuetudinaria.
3. Que la elección se realice en el lugar y fecha de costumbre.
4. Que la elección se realice sin la participación de partidos políticos.
Obviamente, es costumbre que los avecindados no tengan derecho a votar ni ser votados; que en muchos municipios las mujeres tampoco tienen derecho a ser votadas; que los integrantes de las agencias municipales tampoco pueden estar representados en el ayuntamiento; que los partidos políticos han encontrado un amplio campo de acción en agencias y municipios de usos y costumbres...
Mientras prevalezca este laxo requerimiento para la elección, seguirá sembrado el conflicto entre los ayuntamientos por usos y costumbres.
Por lo que se ve, alguien no está haciendo su tarea.
miércoles, 12 de enero de 2011
martes, 4 de enero de 2011
Corrupción, el transfondo del conflicto poselectoral municipal
Es un secreto a voces.
La intensidad del conflicto poselectoral en Oaxaca ha venido creciendo de manera paralela al incremento de las participaciones federales que reciben los municipios del Estado.
Aunque el escándalo es mayor en época de renovación de autoridades electas por el régimen de partidos políticos, el conflicto subyace en cada renovación de ayuntamientos de usos y costumbres en los periodos de un año, año y medio y dos años.
En municipios de usos y costumbres, hasta hace una decena de años, las personas huían prácticamente de la comunidad para evitar ser nombradas como autoridades. Es harto conocido que no se cobraban dietas y que muchas veces la autoridad tenía que abandonar su trabajo e incluso poner de su bolsillo para el funcionamiento del ayuntamiento.
Lejos quedó ese tiempo.
Hoy en día es públicamente conocido que las constructoras, los despachos de contadores públicos y los partidos políticos, son los principales promotores de la corrupción.
Es común que las constructoras finjan las licitaciones, evitan la designación de directores responsables de obra por parte del municipio y están muy dispuestos a inflar de manera impresionable la obra pública municipal, que muchas veces se traduce en afectaciones severas a la calidad y cantidad de la obra pública municipal.
Del mismo modo, los despachos contables se sinceran con las autoridades municipales al ofrecerles una módica comisión, que va del 20 al 30 por ciento, por justificar cada millón de pesos.
Por su parte, los partidos políticos, con el pretexto de evitar ingobernabilidad y violencia, promueven negociaciones entre agencias y sus cabeceras municipales con el propósito de que el ayuntamiento les asigne dinero en efectivo del ramo 28 y muchas veces omiten la comprobación, complicándole el asunto a la tesorería municipal. Del mismo modo, pelean porque les sean asignados puestos como la sindicatura, tesorería y regiduría de hacienda, que tienen que ver con la decisión del manejo de los recursos.
Podrán decir misa sobre las supuestas reivindicaciones democráticas, pero no podrán negar que el transfondo de los conflictos políticos está en una jugosa cantidad de dinero que reciben.
La intensidad del conflicto poselectoral en Oaxaca ha venido creciendo de manera paralela al incremento de las participaciones federales que reciben los municipios del Estado.
Aunque el escándalo es mayor en época de renovación de autoridades electas por el régimen de partidos políticos, el conflicto subyace en cada renovación de ayuntamientos de usos y costumbres en los periodos de un año, año y medio y dos años.
En municipios de usos y costumbres, hasta hace una decena de años, las personas huían prácticamente de la comunidad para evitar ser nombradas como autoridades. Es harto conocido que no se cobraban dietas y que muchas veces la autoridad tenía que abandonar su trabajo e incluso poner de su bolsillo para el funcionamiento del ayuntamiento.
Lejos quedó ese tiempo.
Hoy en día es públicamente conocido que las constructoras, los despachos de contadores públicos y los partidos políticos, son los principales promotores de la corrupción.
Es común que las constructoras finjan las licitaciones, evitan la designación de directores responsables de obra por parte del municipio y están muy dispuestos a inflar de manera impresionable la obra pública municipal, que muchas veces se traduce en afectaciones severas a la calidad y cantidad de la obra pública municipal.
Del mismo modo, los despachos contables se sinceran con las autoridades municipales al ofrecerles una módica comisión, que va del 20 al 30 por ciento, por justificar cada millón de pesos.
Por su parte, los partidos políticos, con el pretexto de evitar ingobernabilidad y violencia, promueven negociaciones entre agencias y sus cabeceras municipales con el propósito de que el ayuntamiento les asigne dinero en efectivo del ramo 28 y muchas veces omiten la comprobación, complicándole el asunto a la tesorería municipal. Del mismo modo, pelean porque les sean asignados puestos como la sindicatura, tesorería y regiduría de hacienda, que tienen que ver con la decisión del manejo de los recursos.
Podrán decir misa sobre las supuestas reivindicaciones democráticas, pero no podrán negar que el transfondo de los conflictos políticos está en una jugosa cantidad de dinero que reciben.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)