domingo, 12 de agosto de 2018

Ocaso del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca



((Fotografía tomada de https://www.nvinoticias.com/nota/68960/mas-de-28-millones-de-oaxaquenos-padecen-carencias-70-de-la-poblacion))




Era de esperarse.

El principal subsistema de educación media superior en el estado de Oaxaca, el Colegio de Bachilleres(Cobao), acelera su caída y no parece existir una atención desde la perspectiva de la gobernabilidad que lo detenga.

A 36 años de su fundación, en similitud de la creación de Bachilleres México, que se replicó en varias entidades del país, el Cobao no solo tiene un rezago en su estructura orgánica y operativa--que le han valido varios exhortos de la SEP, en diversos momentos, para que se cumplan algunas disposiciones---, sino que se enfrenta hoy en día a la más severa de las pruebas que es mantener su viabilidad financiera o continuar en su caída libre, que se traduciría en un achicamiento progresivo, a pesar de representar una opción que goza de la preferencia y el prestigio entre los jóvenes para cursar los estudios de bachillerato.

Parte de las causas de esta situación de crisis financiera es la pervertida indeterminación federalista, por lo que el origen de los recursos de su financiamiento son entre la federación y el estado---como pasa con la educación preescolar, básica y media básica--- que permite manga ancha para el juego político local y su consecuente mal manejo de recursos.

Más allá de que se ponga orden en la estructura de competencias entre la federación y el estado, por la inacabada descentralización educativa, el Cobao demanda de una intervención urgente que le permita continuar con las metas del gobierno de la República para alcanzar la cobertura de educación media superior programa para el 2020, en el marco de los países de la OCDE.

Al no existir atención ni interés en meter orden en el Cobao parece que el estado de Oaxaca no contribuirá a alcanzar estas metas, evidenciándose una muestra más de lo que los analistas han calificado como una evidente muestra de ingobernabilidad en el estado, junto a otro problemas crecientes que parecen desbordar la capacidad de gestión gubernamental.

El problema de fondo de esa crisis financiera del Cobao es la falta de coordinación central entre la gubernatura y sus operadores financieros y la dirección de esta institución educativa, que se traduce hoy en día en la falta de pago del aguinaldo 2017 a más de 160 funcionarios de confianza, entre mandos medios y superiores, tanto de oficinas centrales, como de las direcciones de los planteles y sobre todo, en el delito de peculado que comete el gobierno del estado al retener indebidamente los descuentos de los trabajadores y no enterarlos oportunamente a los terceros a los que están destinados.

Como en las mejores películas de caciques, la omisión gubernamental ha tenido efectos indeseados ya que el personal de confianza, desmoralizado, desprotegido y abusado en sus derechos laborales, no puede alzar la voz porque se ha corrido el rumor entre los trabajadores de que de que al que no le guste, que se vaya.

En diversas pláticas del que esto escribe con directores, directoras, subdirectores y subdirectoras de planteles del Cobao se percibe una desmoralización, los trabajadores se sienten abandonados y acusan un abuso de autoridad, ya que además existe el rumor de que supuestamente funcionarios de finanzas estatales han dicho que la instrucción del gobernador es pagar el aguinaldo, pero únicamente al cincuenta por ciento de lo que reciben anualmente y que durante más de una decena de años han venido cobrando oficialmente.

De concretarse esta medida durante el 2018, el gobierno estatal estaría quedándose literalmente con un año de aguinaldo de 160 trabajadores(solo en caso de que se pague la mitad del aguinaldo del año 2017 y se les pague otra cantidad similar por el año 2018) con lo que quedarían escasos meses para que los trabajadores puedan demandar legalmente el impago ante las autoridades competentes.

Adicionalmente, los propios trabajadores de confianza señalan que sus sueldos no se han recategorizado desde hace años y acusan una falta de prestaciones, como el quinquenio y también la falta de apoyos administrativos que dibujan esa tendencia de desinterés o falta de capacidad para conducir una institución educativa, que pese a todo, sigue poniendo en alto el nombre del Estado de Oaxaca por los exitosos resultados académicos de sus estudiantes.

Lo que queda claro en esta situación es la inequidad institucional hacia los trabajadores, ya que resulta marcadamente visible el trato delicado y oportuno hacia los trabajadores sindicalizados, que deja ver más bien el temor ante su capacidad de movilización y por otra parte, el sometimiento del personal de confianza, abandonado a su suerte.

Comparando la situación financiera del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca en relación con los colegios de bachilleres de otras entidades federativas, se percibe un descuido mayor en esta entidad, tomando como referencia las prestaciones y los apoyos para la gestión de los directivos de planteles.

Si bien es cierto que esta situación no ha sido generada  por el gobierno actual, el solo hecho de tener la máxima autoridad política y administrativa en la entidad, le amerita ya tomar cartas en este asunto y resolver favorablemente ya esta situación que crece como bola de nieve en perjuicio de la imagen del ejecutivo local.

Por un lado, se requiere equilibrar las relaciones laborales entre los trabajadores de base y los de confianza. Una revisión del contrato colectivo de trabajo del personal de base en relación con las prestaciones del personal de confianza dibuja un abismo. La mayoría de las bondadosas prestaciones laborales del personal sindicalizado son legales porque sus líderes las han gestionado. El sindicato, por donde se le vea ha hecho su trabajo, pero estas medidas no benefician al personal de confianza, como los directivos de planteles, que son los representantes de la parte patronal, y que son demeritados perversamente por omisión o por comisión.

El gobierno estatal puede reducir el aguinaldo de 90 días de los trabajadores de confianza a 45 días, pero no lo puede hacer como se rumora entre pasillos oficiales que es supuestamente su intención, aplicar esta medida de manera retroactiva y sin ningún recurso de mediación institucional, lo que evidenciaría la ausencia del oficio de gobernar y ratificaría el peor de los sentimientos que corre entre el personal de confianza del Cobao: las actitudes autoritarias.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca encabeza a las instituciones de educación media superior por las grandes cantidades de jóvenes que educa, por su tradición, compromiso, entrega y filosofía. Históricamente representa un baluarte del desarrollo estatal por su contribución a la educación pública y su aportación de alumnos a las instituciones de educación superior. Goza de prestigio y reconocimiento que se ha labrado por el esfuerzo conjunto entre la parte sindical y el personal de confianza que asumen su tarea como un alto compromiso de valor humano en apoyo de quienes más lo necesitan, por lo que es incomprensible el maltrato a sus trabajadores.



(Fotografía tomada del sitio: http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/dif-e-ieea-signan-convenio-para-la-alfabetizacion-en-comunidades-marginadas)


El Cobao representa una vía necesaria para contribuir al desarrollo nacional y el combate a la pobreza y la marginación lacerantes que aquejan a las poblaciones indígenas, sus trabajadores necesitan el aliento y el estímulo de su gobernador para continuar con esta misión al servicio de la Nación.

Los trabajadores del Cobao están seguros que su gobernador no les va a fallar.

Aunque, en estricto sentido, todavía hay tiempo para confirmar o desechar estas tendencias.



lunes, 23 de julio de 2018

La ausencia del federalismo en el discurso del presidente electo





















Durante la campaña por la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador hizo varias promesas.

En muchos casos omitió señalar que algunos cambios tendrían que ser aprobados por el Congreso para proceder.

Como eran tiempos de campaña, no hubo en estricto sentido mucha discusión sobre el asunto.

Una vez que el candidato ha resultado ganador su discurso no se ha modificado.

Por ejemplo, la intención de cambiar de ubicación hacia otros estados a las secretarías del Poder Ejecutivo se percibe como una intención personal que día a día va mostrando la ausencia de un mapa de ruta, pero lo más alarmante, es que el sustento legal y político de esta decisión no se ve por ninguna parte.

En algunos casos el propio Andrés Manuel se ha referido a este proceso como "descentralización".

Incluso, los medios de comunicación han repetido esta idea, subestimando la dimensión del problema de fondo y repiten mecánicamente que se trata de un asunto de "descentralización", cuando en estricto sentido no es así.

Desde la perspectiva de que México es una república federalista existe una división de poderes que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para evitar la concentración del poder en un solo de éstos; del mismo modo, existe un equilibrio entre órdenes de gobierno, que son el federal el estatal y el municipal, por el cual se da un respeto entre las competencias de cada uno de estos ámbitos.

Esto es así porque ha sido una respuesta histórica en la búsqueda de equilibrios políticos y económicos que se ha construido a lo largo de la evolución del país.

De ahí que cuando hablamos de "descentralización", desde la perspectiva del federalismo mexicano, se entiende que un orden de gobierno como la federación, cede facultades y recursos hacia otro orden como el estatal que asume la responsabilidad de desarrollar esa función. También se puede dar de las entidades federativas hacia los municipios.

Cuando se trata de cambiar la ubicación de las secretarías de estado hacia las entidades federativas, no es un proceso de descentralización, estamos hablando de un acto de "desconcentración"; es decir, las secretarías siguen operando sus recursos y siguen dependiendo del poder ejecutivo, pero su ubicación se traslada territorialmente hacia otros lugares desde donde van a operar.

La finalidad de la desconcentración es acercar los bienes y servicios públicos en donde se obtenga una mayor eficacia.

El candidato electo ha señalado que la pretensión de reubicar a las secretarías del poder ejecutivo tiene esa intención de búsqueda de eficacia y al mismo tiempo que se fomente el desarrollo económico en los lugares a los que se trasladarán.

Desde una perspectiva de costo beneficio todavía existen muchas dudas de que se impacte positivamente el desarrollo económico local con el cambio de domicilio de las secretarías del poder ejecutivo. Sobre todo porque se prevé un adelgazamiento del aparato burocrático y los contrapesos sindicales limitarían también la pretensión de trasladar al personal operativo de base a los estados,  con lo que se corre el riesgo de mantener unidades operativas en la Ciudad de México y también unidades de la misma dependencia en el interior del país, pero esto se irá esclareciendo conforme se conozcan las estrategias de esta desconcentración.

Una evidencia adicional en la ausencia del federalismo en el discurso del presidente electo lo representa el nombramiento de figuras intermedias entre los gobernadores y el poder ejecutivo, los llamados "coordinadores". Durante el Porfirismo había una figura parecida, los "prefectos" y que fueron, entre otros, uno de los motivos por los que estalló la Revolución Mexicana.

Estos nombramientos fortalecen el poder central, aunque los riesgos de que vulneren el equilibrio federal son amplios, lo que podría derivar en controversias constitucionales cuando los órdenes de gobierno estatal y municipal vean vulnerada su soberanía y su autonomía, respectivamente.

Más allá de la retórica de campaña se espera que el presidente electo asuma su responsabilidad en el marco de la ley y del respeto del federalismo.

La necesidad de mejorar nuestro sistema político y de la arquitectura del servicio público es imperiosa.

Una modernización de la cosa pública tiene que partir necesariamente de los avances históricos que hemos logrado en la división de poderes y el equilibrio de ámbitos de competencias en los órdenes de gobierno.

Se trata de fortalecer el federalismo, de vigorizar las soberanías estatales y de consolidar la autonomía municipal.

Pero también se trata de ahuyentar el fantasma de las tentaciones autoritarias, en beneficio de una república federalista más sólida que brinde soluciones eficaces a las demandas de la realidad.

jueves, 5 de julio de 2018

Renace el arte entre las cenizas



Literalmente emergió entre las cenizas.



(Vista del Palacio Municipal de Nochixtlán, Oax., desde el atrio del templo católico.)

El 16 de junio del 2016 es una fecha aciaga en la historia de Nochixtlán.

Arropados por la sección XXII del sindicato de maestros, personas de las organizaciones sociales incendiaron el edificio del Ayuntamiento Municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

















La turba incendiaria solo buscaba venganza por la refriega en la que cayeron muertas unas ocho personas, ningún maestro, asunto que hasta la fecha tiene más dudas que respuestas.

Durante el siniestro provocado por la ira de la gente al edificio municipal, no dio tiempo de salvar nada.

Acaso, las computadoras, el Bastón de Mando, las sillas y los objetos de valor que algunas personas   se llevaron a sus casas. Algunos vecinos afirman que quienes iniciaron el fuego del palacio no son vecinos de la comunidad.

















Junto al incendio se registró un saqueo y el valioso archivo municipal quedó a su suerte, perdiéndose documentos históricos irrecuperables.

En la administración del presidente municipal Rubén Alcídes, se rehabilitó lo indispensable para poder operar la administración y poder brindar la atención al público. En el mejor de los casos, se demanda la construcción de un nuevo palacio.

Mientras, en medio de aquellas cenizas, que le dan un toque de arte moderno a las oficinas, se destinó un espacio para una galería de arte.


















Esta es una iniciativa del joven pintor Fernando De Onésimo, cuyo seudónimo es Benito De Onésimo y que a través de su taller de artes plásticas en Nochixtlán, ha logrado concertar que sus alumnos y diversos artistas extranjeros y nativos puedan exhibir sus cuadros en esta galería.

"Se trata de apoyar el arte, de divulgar la creación. Aquí, incluso, hay obras de niños que están aprendiendo y que ya dejan ver el talento en sus pinturas", dice.






















En las obras se pueden distinguir diversos estilos y conceptos que refieren al hombre, la mujer, la naturaleza el simbolismo y la representación de sentimientos.

Benito de Onésimo señala que está pendiente la elaboración del catálogo e incluso etiquetar los trabajos, pero es algo que está resolviendo porque prácticamente él solo es el curador, el encargado, el del aseo y el director de la galería.

Sonríe satisfecho y destaca que esto es apenas el inicio, comprometemos una visita a su taller, ahora que ofrecerá un curso de verano.

Aquí algunas fotos, con la bella Yoshi, de Nochixtlán, mostrándonos algunas obras.









































jueves, 28 de junio de 2018

Elecciones en México: un vacío de esperanza


Era de esperarse.

Hemos llegado a un nivel de competencia electoral donde la ecuanimidad, la imparcialidad, la razón y la civilidad se han esfumado.

La polarización entre un candidato y los otros en la elección presidencial nunca había alcanzado niveles de incertidumbre y descalificación tan persistentes, que esta disputa electoral parece el anuncio previo de una fase de ingobernabilidad y violencia.

Este contexto está caracterizado, además, por una inusitada ola de crímenes en contra de candidatos a puestos de elección popular.

Y pese a esta situación crítica, ningún candidato, ningún partido ni institución ha propuesto una salida viable que llame a preservar la civilidad y la paz.

Ninguno de los candidatos a la presidencia ha tenido la estatura moral para llamar a la civilidad y para contener a sus militantes y simpatizantes y ni mucho menos sus partidos, títeres miopes de la ambición de camarillas.

Es mucho lo que está en juego: el ego de los candidatos.

Por eso es predecible que ninguno de ellos llamará a los demás para suscribir un acuerdo de civilidad y paz porque todos, como en el póquer, están cuidándose de los demás.

Esta ausencia de liderazgo político, este vacío de inteligencia de gobierno nos hace dudar realmente de las promesas de los candidatos, pues ante un maremágnum de ingobernabilidad, son incapaces de mirar con altura de miras, si no pueden lidiar con una competencia en la que son actores, difícilmente podrán gobernar un país cuyas complicaciones son superiores a su momento político.

Lástima, estamos ante un vacío de esperanza.

martes, 22 de mayo de 2018

La otra "evaluación" educativa

Con la Reforma Educativa se ha instaurado la evaluación docente.

Evaluar a los maestros es una obligación y un requisito para su carrera magisterial, lo cual es indispensable para garantizar la mejora y la calidad de la educación.

Más allá de la retórica política de campañas electorales para quitar la reforma educativa es posible mejorarla, pero difícilmente omitirla.

Aún cuando la reforma se centra en aspectos de evaluación del conocimiento(aptitudes), es necesario ampliar la evaluación a la parte de las actitudes de los docentes y del mismo modo, favorecer la capacitación docente desde esa perspectiva.

Dentro de los principales problemas de actitudes de los docentes, sin importar la capacidad, la antigüedad o el género, se detectan algunos abusos como la venta de calificaciones, el acoso sexual(tanto a mujeres como a hombres), el bullying contra algún alumno, el alcoholismo, el “yoismo”---en el que el docente siempre habla de él como un ejemplo de éxito, de manera exagerada y constante--- y el abuso de autoridad, por el que presiona o estresa a los alumnos con exigencias carentes de sentido común.

Para hablar de mi propia experiencia en Oaxaca como docente auxiliar en la materia optativa de derecho indígena en una universidad pública local, como coordinador de educación abierta de un subsistema estatal y también como subdirector de plantel de educación media superior, todo esto que sumaría una década, puedo señalar que estos problemas son frecuentes y que muchas veces los directivos—que son personal de confianza—están atrapados entre la espada y el poder sindical.
Al menos en las instituciones educativas por las que he transitado se nota la ausencia de políticas de prevención de estos problemas.

Por ejemplo, la venta de calificaciones se detecta tanto como un problema frecuente en el nivel medio superior como superior.

Desde luego, algunos docentes que ejercen estas prácticas indebidas aprovechan la ausencia de controles y mecanismos de denuncias, de quejas o de falta de comunicación que existen en esos ámbitos educativos, pues en muchas ocasiones el propio personal docente sindicalizado es renuente al establecimiento de medidas de prevención como podrían ser la instalación de buzones para quejas o sugerencias a los directivos de los planteles.

La venta de calificaciones es un delito y también trasgrede los valores de  los estudiantes, ya que probablemente, cuando sean profesionistas reproducirán esas prácticas. El mayor problema se da cuando el alumno ha pagado por acreditar una asignatura, con lo que se promueve la mediocridad o la falta de profesionalismo entre los egresados, generando daños mayores en el ejercicio de la práctica profesional.

En estas prácticas también se ha detectado la participación de personal administrativo, sobre todo por la falta de mecanismos de control que brinden certeza en el registro y seguimiento de evaluaciones de alumnos.

Recuerdo el caso grave de una docente que le dijo a una de sus alumnas de media superior: “A ti te voy a reprobar por fea”, la joven se sintió tan mal porque ese acto de discriminación se hizo en público frente al grupo, por lo que abandonó sus estudios y fue imposible fincarle responsabilidad a esa maestra porque la alumna se negó a suscribir la queja respectiva por temor a mayores represalias.

En otra ocasión una madre de familia se quejó porque otra docente se rió en público, también frente al grupo, por la declaración de un alumno regular que le contestó a su pregunta que él quería ser piloto aviador, la maestra le respondió “tú sueñas mucho, ni lo vas a lograr, mejor dedícate a otra cosa”. El joven se sintió muy mal y ya no quería continuar sus estudios de nivel medio superior.

Para un docente con muchos años de antigüedad tal vez este tipo de señalamientos no tienen mayor relevancia, pero en el periodo de formación de los jóvenes, que necesitan docentes que los tomen en serio y que los inspiren o por lo menos que los respeten, sí puede generar malestares.

Esa queja fue una de varias en el mismo sentido hacia otras jovencitas que también manifestaban su deseo de ya no continuar sus estudios porque nunca les cambiarían a esa maestra.

Desde luego, la gravedad de las faltas tiene su propia graduación, pero al menos en las faltas graves se demanda de una intervención institucional con firmeza y sin concesiones de tipo  sindical.

Los jóvenes son listos y perciben con claridad las actitudes de los docentes y a veces aprovechan esas “debilidades humanas” del maestro para sacar ventaja, aunque moralmente sea incorrecto.

De esta manera, muchas jovencitas se dejan saludar de a beso por su maestro y se dejan abrazar de manera intencional para que se les tenga presente a la hora de calificar. Me he dado cuenta que en muchas escuelas secundarias y en el nivel medio superior, los maestros saludan de a besito a sus alumnas y las tocan con lascivia por el hombro, el brazo y la cintura.

El abuso sexual, a través de tocamientos indebidos, se disfraza de expresiones de afecto que las alumnas no son capaces de distinguir y detener por la imagen de autoridad que tiene el maestro frente al grupo.

También se han registrado quejas contra docentes homosexuales que hostigan a alumnos varones.

Hay que observar que muchas de estas quejas que se generan en el ámbito escolar no trascienden porque el sindicato funciona como protector de los maestros y cuando se abren expedientes de investigación, en la mayoría de los casos, el docente culpable recibe un exhorto para mejorar su comportamiento o lo cambian de escuela.

Esta falta de ética en la docencia es común y se carece de estadísticas por la falta de cultura de la denuncia entre los afectados. En una ocasión un abogado defensor de oficio bromeaba sobre un maestro que tenía como una decena de pensiones alimenticias por embarazar a estudiantes de primaria y el sindicato sólo lo cambiaba de escuela ante las quejas de los padres de familia.

Ahondar en el abuso sexual en el aula es un pendiente que abriría una cloaca, sobre todo en esas comunidades marginadas donde falta información sobre los derechos humanos, derechos de la infancia y sobre la prevención y denuncia de delitos.

Los docentes deben de saber que si en la unidad educativa no se atendió su denuncia, dependiendo de la situación de que se trate, sus derechos están a salvo para hacerlos valer ante la autoridad competente. Es decir, las quejas se pueden formular ante Derechos Humanos y la Fiscalía o Ministerio Público.

Entre las medidas necesarias está, en primer lugar, establecer los medios de identificación y registro de este tipo de abusos de docentes faltos de ética.

Para esto es necesario concientizar a los padres de familia y a los alumnos sobre sus derechos, así como informar a los maestros sobre el alcance legal de esos actos.

Se requiere establecer mecanismos de comunicación entre las autoridades educativas y los alumnos y padres de familia, de modo que se escuche a la parte afectada y se brinden los elementos de defensa legítima para la parte acusada, ante cualquier infundio.

Al nivel del bachillerato la Secretaría de Educación Pública está avanzando exitosamente a través de la Reforma Educativa al incorporar el Proyecto “Constrúye T” por el que se enseña a los alumnos a regular y  manejar sus emociones. 

Esta misma experiencia se podría trasladar a la formación docente a través de la capacitación y la información sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el ámbito de la educación secundaria y del bachillerato, mientras que a nivel de las universidades se deberán crear mayores mecanismos de control y supervisión que eviten la venta de calificaciones o su transacción  por otros medios fuera de las evaluaciones de rigor.

(Al momento de escribir estas líneas me entero que a través de la plataforma www.mexicox.gob.mx se está ofreciendo un curso en línea gratuito a los docentes por parte del Instituto Nacional de las Mujeres y que se llama "¡Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual! Protocolo para la APF".

Estas acciones son buenas e indudablemente la mejor lección es el combate a la impunidad, es decir, castigar de manera ejemplar los abusos contra la educación y contra la dignidad de las personas.

El ser maestro demanda de un sentido de ética como requisito indispensable para el contacto con niños y jóvenes.

Las instituciones educativas tienen el reto de enfrentar este tipo de problemas y establecer medidas que sean también complementarias de la evaluación docente.

La calidad en la educación también incluye la calidad moral de los docentes.


miércoles, 11 de abril de 2018

El cuello de botella de la educación pública en Oaxaca

Es un tema de gobernabilidad.

La educación pública en Oaxaca adquiere hoy en día una importancia relevante por tres razones: como pilar estratégico del desarrollo local, como destino creciente de cuantiosos recursos financieros y como fuente de conflicto social.

Hoy en día la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca—que es el principal subsistema de educación media superior en el estado--- y las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria que coordina el Instituto de Educación Pública de Oaxaca muestran un malestar laboral y social que se traduce en continuas huelgas o manifestaciones de inconformidad por parte de los trabajadores de la educación.

La mayor cobertura de educación pública en la entidad se encuentra en estas instituciones.

En la mayoría de los casos una de sus principales demandas es el cumplimiento de las obligaciones patronales y una ampliación presupuestal.

Si bien es cierto que cada una de estas entidades educativas tiene particularidades históricas, algunas con intereses específicos que trascienden lo estrictamente académico, también es cierto que coinciden hoy en un punto crítico a la manera de un cuello de botella que restringe su funcionamiento adecuado para responder con eficacia a los desafíos de la realidad.

Con seis sindicatos internos la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca registra en promedio una huelga al año, durante los últimos diez años, y sus fricciones internas trascienden a través de paros, bloqueos, marchas y suspensión de clases. Actualmente se ha informado que se encuentra en negociaciones con la Secretaría de Educación Pública para resolver sus necesidades financieras.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación a través de la Sección XXII, que cubre las principales escuelas que agrupa el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca(IEEPO), es ampliamente conocido por sus constantes bloqueos y el abanderamiento de diversas causas políticas y sociales; entre sus principales demandas está la ampliación presupuestal y la revocación de la reforma educativa que obliga a los profesores a evaluarse.

En estos días, trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca(COBAO) mantienen la amenaza de una huelga por el incumplimiento de obligaciones patronales que, según la prensa, tan sólo del año 2007, el adeudo asciende a más de 400 millones de pesos.

Por donde quiera que se le vea esta situación es sintomática y muestra un problema mayor en la situación financiera del gobierno estatal, que—como se identifica también en los servicios de salud que junto con educación concentran la mayor parte del presupuesto estatal---, requiere de una intervención profunda del gobierno para mantener la operación de estos servicios públicos y evitar mayores conflictos que abonarían a la ingobernabilidad local.

La educación pública es un baluarte del desarrollo con equidad, es innegable su necesario fortalecimiento para mejorar la calidad y ampliar su cobertura, pero también, es indispensable –al tiempo de destinarle mayores recursos---, imprimirle un sentido de racionalidad desde la perspectiva de políticas públicas.

Esto significa revisar cuáles son las fallas que afectan a la educación pública, especialmente de las entidades señaladas, e intervenirlas desde el gobierno, con pleno respeto al estado de derecho, para que se favorezca un equilibrio en la relación costo-beneficio y tengan una mejor eficacia.

Se identifican algunas fallas generales en este problema de cuello de botella:

1. Por parte del gobierno del estado, una alta dependencia de los recursos de la federación, lo que limita y condiciona la gestión gubernativa.

2. Por parte de la federación, una inacabada descentralización de servicios educativos que genera una dualidad en la responsabilidad patronal.

3. Por ambas partes, una falta de coordinación en la planeación educativa y en las negociaciones con sindicatos sobre la base de la racionalidad presupuestal.

4. Por parte de las autoridades de las instituciones educativas, una falta de responsabilidad y de pericia administrativa para mantener un crecimiento ordenado y una regulación idónea de sus instituciones.

5. Por parte de los sindicatos de las instituciones educativas, la falta de compromiso social, ya que en la mayoría de los casos, sus actuaciones parten de la idea de ganar-ganar desde un enfoque gremial, sin importarles la falta de congruencia de sus resultados con la sociedad.

En este último punto se debe precisar que muchos líderes sindicales comentan que si ellos piden y les dan, los sindicatos no tienen la culpa de la generosidad del gobierno, mientras se cumpla con los requisitos de ley para aprobarse los contratos colectivos de trabajo.

Históricamente los sindicatos han sido aliados de las clases populares, es tiempo de reivindicar su origen y sus propósitos de equidad en el acceso a las oportunidades y los beneficios laborales.

La lógica general de los gobiernos es cortoplacista y política, es decir, el dinero para comprometerlo no sale de sus bolsillos y su duración en el cargo es temporal, por lo que prefieren mantener una ficticia armonía a resolver un problema creciente como una bola de nieve al invertir en barriles sin fondo.

A este respecto, la Ley del Servicio Profesional Docente ha venido a regular la equidad en el acceso a las plazas docentes bajo principios de calidad. Los sindicatos educativos a los que aplica dicha ley han sentido la pérdida de regular uno de sus bastiones de poder que son los docentes, pero les queda un amplio margen de maniobra en lo que se refiere al personal administrativo.

En la mayoría de las demandas de ampliación presupuestal para la educación, el sector a beneficiar es el del personal administrativo, lo que plantea la necesidad de equilibrar esta participación, sobre todo cuando las nuevas tecnologías favorecen una simplificación de procesos y funciones en el mediano plazo por lo que no serán necesarias muchas plazas de este tipo.

Por causas del malestar en la educación pública, el estado de Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en bloqueos, manifestaciones sociales y paros que dañan a la sociedad y afectan la armonía y la paz social.

Miles de estudiantes son afectados de manera directa al no cubrirse los planes y programas de estudio y profundizarse su indisciplina y su ignorancia, que llevan arrastrando conforme avanzan hacia niveles superiores, al menos así lo demuestran los resultados de las evaluaciones internacionales que se aplican en la educación.

Además de las pérdidas cuantiosas en la economía local también hay un efecto nocivo en la moral del pueblo que pierde la confianza en sus autoridades y en sus instituciones.

Es tiempo de recuperar la inteligencia del gobierno en beneficio de la educación pública, de calidad y gratuita.

Urge un presupuesto mayor para la educación pública, pero también una mayor inteligencia y responsabilidad compartida entre sus actores.

Bajo el enfoque de la gobernabilidad la educación es la única vía para el progreso personal y social, su recepción de recursos es legítima y necesaria y no debe ser fuente de conflicto social.

miércoles, 21 de febrero de 2018

El silencio de los amorosos

Para los amigos 
 que me han pedido otro cuento

 con motivo del 14 de febrero,

 va un poco extemporáneo,

pero con mucho afecto.

La puerta estaba abierta.

Guardó la llave en la bolsa de su camisa y cedió el pasó a la mujer del vestido corto y blanco de una sola pieza, sin mangas y ajustado que permitía apreciar una cintura pequeña y un trasero redondo y levantado sobre macizos y presuntuosos muslos acentuados por las zapatillas elevadas.

Mientras la miraba pasar, disfrutó sus pasos pequeños, voluptuosos y ridículos, era una imaginaria modelo frente al jurado de un concurso de belleza, levantando con exageración los pequeños pechos y el trasero.


Sonrió con una mezcla de triunfo y cinismo; imaginó que ese sentimiento debía ser lo más parecido al del cazador que atrapa a la presa más deseada y saboreando el éxito de su empresa, cerró la puerta y caminó en su dirección con los brazos abiertos, con el pecho en alto, aguantando la respiración para meter el estómago y  parecer más delgado.

Abrazados se besaron largo rato en la boca con pasión y entrega.

Aunque ambos tenían la experiencia del adulterio con otras personas, fingían que era la primera vez que traicionaban a sus parejas y sentían un ligero nerviosismo que se iba apagando a la misma velocidad con la que se desnudaban.

"No prendas la luz" le había dicho ella, con la mayor intención para no exhibirse totalmente desnuda con las imperfecciones de la piel, de sus cesáreas---aunque estéticas--- y de los incipientes deterioros de su edad treintañera.

Cualquiera que hubiera visto ese acto se habría dado cuenta que la relación la manejaba ella con malicia y perversión y que él se sometía y aceptaba todo con engañosa docilidad  porque al fin y al cabo ese era el momento de la premiación a su insistencia, a sus ruegos y deseos, por eso no puso objeción cuando ella le pidió que lo hicieran sin condón, aunque nunca le aclaró que ya estaba ligada.

Él dudó unos segundos y dedujo que tratándose de una mujer casada con un hombre respetable aquello no representaba un mayor riesgo más que un posible embarazo cuya paternidad aceptaría con gusto su ingenuo y bondadoso esposo. 

Hicieron el amor como si se fuera a acabar el mundo y al final sus cuerpos sufrieron espasmos y quedaron quietos, muertos ante el vacío de sus almas en el desdichado naufragio de sus vidas.  

La habitación adquirió un olor salado intenso de sudor y fluidos corporales, cual si hubiera pescados tirados por todas partes.

Agotados y satisfechos se hicieron caricias al estilo de los novios  adolescentes. Ninguno se bañó. Ella entró un momento al sanitario y luego le reclamó: "Te dije que no me mordieras, se va a dar cuenta mi marido" y él recordando que cuando la mordisqueaba ella le pedía "más, así, más..." le contestó con sorna: "¿No que tu marido ya ni te toca?".

Ella se dio cuenta que se había evidenciado y lo miró con reproche. 

Los dos pensaron que no tenía caso discutir ya que habían obtenido lo que buscaban, un rato del placer más egoísta donde cada uno creía ser dueño del otro, pero él no se reprimió las ganas de preguntarle de manera provocadora: "¿Por qué no quisiste que usara condón?"

Sorprendida ella no supo que contestar, sonrió y dijo: "Pues no te lo hubieras quitado".

Se reservaron las ganas de discutir, éste era un encuentro prohibido y no un matrimonio. 

Quedaron callados con la incomodidad de quien ha cometido un crimen, no tenían nada qué decir y aquel lugar que se presentaba propicio para la complicidad ahora apestaba y parecía más reducido, asfixiante. 

Antes de abandonar la habitación del motel, él la tomó por la cintura y le dio un beso en la boca, pero tuvo una sensación distinta a la del principio, de pronto recordó que ella era casada y que le pertenecía a otro hombre y sospechó que su entrega total en la cama era la misma que le ofrecía a su marido y quizás también a algún otro varón; pensó que si lo hizo con él, capaz que lo haría con cualquiera. 

Le dieron celos y sintió asco.

La contempló con el maquillaje desaliñado por los besos, las caricias y el sudor, y su intento de acicalarse brevemente en el sanitario no logró recuperar la maestría de las horas de maquillarse frente al espejo para ese acto.

Su maquillaje maltrecho, una máscara que caía, mostraba ahora el verdadero rostro de una mujer impura que se había entregado sin pudor y con desenfreno.

Cuando ella se percató de su mirada grave y analítica le preguntó desconcertada "¿qué pasa?", pero él hizo una mueca de frustración que intentó ser una sonrisa y mirándola con desprecio pensó en silencio: "pinche puta".

Los seres elementales tienen la habilidad de oler los instintos, de adivinar sus intenciones y de leerse el pensamiento entre ellos, por eso ella escuchó ese insulto con su mente y se sintió en ese  momento descubierta, herida y juzgada, con la vergüenza y el sentimiento de culpabilidad que es común a los infieles.

El odio, como el amor, tienen la misma intensidad, por eso ella se repuso de inmediato y tras intentar sonreír de pronto emitió una carcajada franca, fuerte y lacerante porque no lo dijo pero se acordó que ese 14 de febrero, hacía exactamente dos años atrás, mientras se atendía de una infección vaginal, le habían diagnosticado el SIDA.

lunes, 8 de enero de 2018

¿Es viable una ley contra bloqueos en Oaxaca?

Parece que no.

Las manifestaciones sociales que recurren a la estrategia de presionar al gobierno a través de los bloqueos, paros, marchas, plantones y tomas de comercios y oficinas, se realizan como una violación intencional de la legalidad.

Asimismo, al dañar a la población en sus libertades fundamentales los manifestantes transgreden cualquier norma, de modo que crear una ley para prohibir o castigar las manifestaciones, tendría poca eficacia.
Su aplicación sería limitada, además, porque podría ejercerse de manera principal sobre manifestantes de bajo perfil; es decir, sobre aquellos grupos que no cuentan con el respaldo de grandes organizaciones sociales, sindicales, políticas o económicas.

En caso contrario, aplicar la fuerza pública a las organizaciones más complejas solo generaría un mayor conflicto social y varios problemas de gobernabilidad, como ya ha sucedido en la historia reciente del estado de Oaxaca.

Por sus causas, las manifestaciones tienen legitimidad o son ilegítimas. En el primer caso, se trata de reacciones a violaciones indiscutibles de los derechos y garantías de los afectados, en donde las autoridades responsables incumplen, obstaculizan o generan daños por negligencia, corrupción, incapacidad o complicidad; en el segundo caso, las organizaciones hacen valer su poder para obligar a las autoridades a tomar decisiones a favor de los manifestantes, y que pueden ser injustas, ilegales o inequitativas.

El Artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  determina que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. “

En el segundo párrafo de este artículo se precisan los requisitos de legalidad y de legitimidad y  las condiciones en que una asamblea o reunión pueda ser ilegal y pueda ser disuelta:

“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. “

Desde esta perspectiva,  y con una combinación de factores, es probable que hasta una manifestación legítima, pero con excesos y abusos, pueda ser disuelta. Entonces, si ya existe la norma, ¿en dónde radica el problema? En que no se aplica.

Las manifestaciones con causas legítimas reivindican derechos que fueron conculcados por alguna autoridad y ponen en evidencia su ineptitud, corrupción, negligencia o descuido. En cierta forma la manifestación se convierte en una denuncia pública y coacciona a la autoridad para restituir la legalidad.

El problema radica entonces en fallas humanas, en errores de servidores públicos, en actos intencionales o no, que desembocan en esas manifestaciones a la manera de una olla que explota porque no hubo una salida que regulara la presión acumulada. Son problemas que afectan la gobernabilidad.

La solución, en este caso, es que la autoridad respete la legalidad y tenga una función proactiva, para evitar desviaciones y desactive el conflicto, o bien, que si no es posible desactivarlo por sus características, que su manejo y solución se dé dentro en el marco de legalidad para evitar daños mayores.

Aunque no lo parezca, la solución es muy sencilla, más que una ley contra los bloqueos, necesitamos que las autoridades hagan bien su tarea, que se apeguen a la legalidad y que hagan valer el Estado de Derecho como un requisito necesario para mantener la paz y la armonía social.

Para finalizar, hay una consideración también que hace innecesaria una ley contra las manifestaciones sociales que recurren a la violencia y dañan las libertades públicas en Oaxaca—y  en cualquier otro estado--- y que debería ser un motivo de preocupación y atención para todos, pero especialmente para aquellos grupos de manifestantes consuetudinarios o que están planeando manifestaciones violentas.

Se trata de la polémica Ley de Seguridad Interior, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, que justifica el uso de la fuerza pública, en este caso del Ejército, en aquellos actos “tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos en una entidad federativa, en un municipio, en una demarcación territorial de la Ciudad de México o en una Región del territorio nacional”.

En tan laxa definición cabrían aquellos manifestantes que incurrieran en tomas de carreteras, cierres de negocios, comercios u oficinas, aunque sus motivaciones tengan legitimidad o no.


De ahí que más que una Ley contra los bloqueos, el gobierno de Oaxaca necesita más bien aceitar su maquinaria para evitar que los conflictos lo rebasen, sin necesidad de recurrir a la acción punitiva de la ley.