Como el quesillo.
Algunos funcionarios del nuevo gobierno del Estado enfrentan una debacle por la falta de tìtulo profesional.
No menos vergonzosa, es la situación de quienes se atreven a exhibir un tìtulo falso o una cédula apócrifa y además son evidenciados ante la opinión pública.
El asunto no pasaría a mayores si no fuera porque la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada el 1 de diciembre del 2010 determina en su Artículo 14 que para ser titular de una secretaría o de los órganos auxiliares de la administración pública estatal se requiere, entre otros requisitos: "contar al menos con título, cédula profesional o equivalente", y en otra polémica fracción que todavía no revienta, se refiere a "tener un modo honesto de vivir, para lo cual deberá aprobar los exámenes de control de confianza que establezca la ley". Afortunadamente para este último caso, todavía no hay ninguna ley que que prevea los susodichos examénes de control de confianza.
Una frase irónica del corrillo de la burocracia adquiere relevancia histórica: en el gobierno todos los hombres son licenciados y todas las mujeres señoritas. En efecto, durante muchos sexenios, se ha partido de la buena fe en la supuesta profesión de los servidores públicos, pero tanto, que el abuso se constituyó en la normalidad, ya que funcionarios de elevado rango se ostentaron con títulos que, es del dominio público que no tenían.
Lo que deja ver este asunto es que los operadores políticos del nuevo gobierno no se han puesto las pilas.
Antes de que siga el destripadero y que se siga desboronando la honorabilidad del nuevo régimen, urge que se reforme la Ley Orgánica para que esa fracción incluya la palabra "preferentemente".
Esta reforma no tendría ningún problema en la Cámara de Diputados que ya demostró su eficacia, rapidez y probidad al aprobar una iniciativa en un día---desde su recepción, pasando por su análisis en comisiones y su discusión en pleno, su dictaminación y hasta su publicación en el Periódico Oficial el mismísimo día en que su promovente era ungido gobernador del estado--- y que se refiere precisamente a la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que fue publicada con fecha 1 de diciembre del 2010, el mismo día en que tomaba posesión el nuevo gobernador.
Dicen los malpensados que lo contrario a esta eficacia legislativa sería ilegal.
Por lo pronto, una reforma legislativa tendría menos problema que seguir metiendo en apuros a los recién nombrados secretarios de estado.
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