Adiós a los usos y costumbres

Es previsible.
Los usos y costumbres en estricto sentido se refieren al modo de elección directa de las autoridades municipales y que es distinto de la elección universal y secreta.
La Ley que regula los usos y costumbres principalmente en materia electoral es el Código Electoral del Estado de Oaxaca y de manera teórica, una Ley de Derechos Indígenas que realmente nunca se ha aplicado y en estricto sentido no tiene aplicación práctica.
Si bien es cierto que durante algunos elecciones, posteriores al reconocimiento de ley del régimen electoral por usos y costumbres, disminuyó el conflicto electoral---en tiempos en que los municipios no recibían recursos de las transferencias federales---, con el paso del tiempo, y la asignación de recursos presupuestales a los municipios, el régimen de usos y costumbres ha venido mostrando serias grietas que amenazan su permanencia.
¿Cuáles son estos riesgos?
Sin pretender realizar un análisis académico del asunto, aquí van algunas evidencias en ese sentido:
-- Agencias que no tienen representación en el ayuntamiento: Existe un acusado centralismo en las cabeceras municipales que no permiten que la ciudadanía de las agencias tengan representación en el ayuntamiento ni voten en las elecciones para renovar a los ayuntamientos.
-- Tanto en los municipios como en las agencias, las personas que no son nativas de la comunidad, aunque sean ciudadanos avecindados, no pueden votar ni ser votados para los cargos en el ayuntamiento.
-- En al menos unos 200 municipios de usos y costumbres, existen limitaciones para la participación de los jóvenes y especialmente de las mujeres.
Una de las causas que ha detonado el conflicto es, sin duda, la mayor cantidad de recursos que reciben los municipios de Oaxaca, ya que anteriormente--cosa de unos tres sexenios--- realmente sus ingresos eran simbólicos y los integrantes del ayuntamiento no cobraban por sus servicios.
Hoy en día las agencias municipales no sólo están peleando poder tener una representación dentro del ayuntamiento, sino en algunos casos, incluso, cambiar la sede del gobierno municipal.
Las autoridades locales han resuelto este problema mediante arreglos políticos por encima de la ley. De esta manera, numerosas agencias---en las los partidos políticos han abonado alegremente el divisionismo--- han sido beneficiadas con recursos en efectivo y en los que al ayuntamiento únicamente corresponde la tarea de comprobar ante la autoridad respectiva.
Por otro lado, es cada vez mayor la penetración de los partidos políticos en municipios que se rigen por usos y costumbres, sin embargo, no se atreven a dar el paso para cambiar su régimen al de partidos políticos.
Esto ha generado que en cada proceso electoral---donde los municipios tienen una duración variable que va de un año, año y medio, dos y tres años--- realmente exista un silencioso conflicto electoral solapado por las autoridades.
Pero éste, es solo el aspecto político de los usos y costumbres que demanda con urgencia una revisión a la luz de la equidad y el respeto por los derechos políticos.