La promoción que hace el Partido Acción Nacional en
el Senado de la República para que ciudadanos porten armas en sus negocios y
vehículos tiene un doble fondo, ya que esta disposición ya está prevista en el artículo
26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula el Artículo 10
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como se recordará, el Artículo 10 Constitucional
determina que los habitantes de nuestro país tienen derecho a poseer armas en su domicilio y remite a la
Ley Federal respectiva el caso de la portación de armas y en la que quedan comprendidas jurídicamente ya las hipótesis de la portación de armas en el automóvil y en
los negocios.
Si ya existe esta previsión de ley, es probable que
la intención del Partido Acción Nacional no sea estrictamente modificar el
Artículo 10 de la Constitución, sino el Artículo 5º de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
que determina la política del Estado Mexicano respecto a las armas, ya que
faculta al Ejecutivo Federal, a los Gobiernos de los Estados, al Distrito
Federal y a los Ayuntamientos para realizar campañas educativas permanentes que
induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier
tipo.
Esta política de Estado limita que poderosas compañías
productoras de armamento puedan tener libre el camino para la venta de armas a discreción
en nuestro país, aunque, debido a la corrupción
y el poder de las mafias, México se encuentre entre los países donde existe un
alto tráfico ilegal de armas.
Si se llegara a modificar el sentido de esta
política de estado propiamente prohibicionista, se daría el primer paso para la
posterior liberación del mercado de armas en México y probablemente México
sería lo más parecido al mercado de armas estadunidense, donde la cultura de
las armas ha generado frecuentes masacres.
Desde una perspectiva de políticas públicas es muy
dudoso que la liberación gradual del mercado de armas en México, como parece
que lo pretende el Partido Acción Nacional, tenga un efecto positivo en el
combate a la delincuencia. En primer lugar porque la posesión o la portación de
un arma no garantiza que disminuya o se frene una amenaza y en segundo lugar
porque el ciudadano no puede hacerse justicia por propia mano.
La fragilidad de la propuesta panista deja de lado
las causas estructurales del problema: combatir la delincuencia desde sus
raíces y combatir la impunidad, aspectos en los que ha dejado mucho que desear.
Más allá de todo lo que se desprende de este
desapego del PAN a la tradición pacifista de la República Mexicana—y sus
oscuras intenciones de crear de facto un permiso para matar--- queda demostrado
que México seguirá siendo territorio en disputa de los intereses ajenos y
extraños al progreso nacional.
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