Deficiencias en los juicios orales

Era un rumor a gritos.

Una asociación de abogados de Oaxaca denunció las deficiencias de los juicios orales―que ya es un lugar común en los corrillos de las instancias de justicia― y que pueden ser ilustrativas de la situación de esta modalidad en el estado.

La Asociación Civil Juristas de la Mixteca, a través de su representante, Carlos Martínez Ramírez, señaló que existen irregularidades en las instituciones encargadas de administrar justicia porque a  los ministerios públicos, jueces y defensores de oficio les hace falta capacitación, además de que no hay infraestructura y también hace falta difusión. (http://www.nssoaxaca.com/regional/10-general/90877-no-vamos-a-ser-complices-de-irregularidades-de-juicios-orales-juristas-de-la-mixteca)

En otras ocasiones se ha puesto en tela de juicio la operatividad de los juicios orales, porque supuestamente muchos asuntos que se solucionan bajo el sistema “acusatorio adversarial”, conocido como juicios orales, terminan de nueva cuenta ante el ministerio público, en el sistema de justicia tradicional o “inquisitorio”, por dejar generalmente insatisfecha a la víctima.

De la misma manera, llama la atención de que no exista infraestructura suficiente para esta modalidad de juicios orales, toda vez que en la última década, desde su implementación, se han estado haciendo anuncios oficiales sobre la asignación de cuantiosos recursos para este fin.

Como se recordará, los juicios orales son una línea que imponen poderosas organizaciones financieras, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para orientar la inversión en algunos países como México.

El único problema es que algunas experiencias sobre modelos de gestión se toman de países centralistas, como ha ocurrido en la justicia para adolescentes, y que son aplicadas prácticamente a la fuerza sobre la estructura federalista de gobierno en nuestro país, generando puntillosas observaciones de gente preparada en la materia.

Las deficiencias que denuncia esa organización de abogados debe tomarse muy en serio, toda vez que en Oaxaca existe un rezago en la justicia que se muestra en la lenta y burocrática emisión de sentencias, en la corrupción de los cuerpos policiacos y no menos de algunos jueces y ministerios públicos, que cuentan con tarifas, según el tipo de delito, para dejar escapar impunemente a los victimarios.

Si los juicios orales son la opción para acabar con los males tradicionales de la justicia mexicana, es necesario que no se demerite su operación y que exista un compromiso real para incentivar su aplicabilidad, más allá de la moda de los políticos en turno, en beneficio de una sociedad demandante de legalidad y justicia.