Es lamentable e indignante.
El 17 de febrero del presente, la
Revista Proceso lo publicó en su portal de internet, bajo el título “Discriminan
a alumno mazateco en el colegio La Salle de Seglares” (http://www.proceso.com.mx/?p=365198).
Los ingredientes del caso lo hacen por
sí mismo dramático: un niño indígena de la etnia mazateca de Oaxaca que es hijo
de una trabajadora doméstica en el Distrito Federal que, dada su condición humilde,
es discriminado, vejado y literalmente obligado a abandonar el nivel preescolar
en la escuela, por compañeros de grupo, por las profesoras y el personal
administrativo a grado tal que el niño desarrolló temor y miedo de asistir a esa
escuela, que además se ufana de tener como ideal el impartir una educación
cristiana.
Por si fuera poco, cuando la parte
afectada se presenta a denunciar ante la Agencia del Ministerio Público del DF,
se enfrentan a la proverbial indolencia burocrática.
El asunto no hubiera trascendido también,
de no haber sido denunciado ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México(Copred) y de haberse iniciado la investigación a
petición de la parte afectada.
Como es usual ante este tipo de denuncias,
el Colegio La Salle de Seglares niega los hechos y el propio Copred, a través de
su titular, reconoce que si bien ese hecho no es una política de esa escuela,
sí es una conducta de dos de sus maestras.
A fin de cuentas, se inició la
averiguación para determinar si se remite o no el asunto al Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, mientras que el Copred anuncia que realizará
una campaña para prevenir la discriminación a indígenas en el DF.
Cualquiera que sea el resultado no
habrá un final feliz.
No se trata, desde luego, de crucificar
al Colegio La Salle Seglares, en congruencia con su vocación de “educación cristiana”
e incluso, es probable que más de un padre de familia sin escrúpulos se ofrezca
a mover sus influencias para que la denuncia no trascienda y no se afecte a ese
Colegio(que ojalá Dios y Mancera no lo permitan).
Se requiere, sin embargo, que se
aplique la ley de manera ejemplar para evitar que se reproduzcan estas
prácticas nocivas y que la autoridad haga valer su delicada responsabilidad
pública.
Tanto más grave, cuando dicha práctica
se ha realizado en un espacio educativo ―sin importar ya si tienen una
orientación cristiana o no― porque los actos denunciados, que consisten en
vejaciones al niño indígena por su condición de edad, su procedencia
étnica, por el color de su piel y su posición económica y que resultaron en su
exclusión y menoscabo de su derecho a la educación y la afectación a su libre
desarrollo psicosocial, se presume que se cometieron de manera consciente y
voluntaria y contraria a toda ética pedagógica.
Más allá de la indignación y el repudio por esas prácticas,
queda también la expectación por el papel del mismo Copred, como del Consejo
Nacional, que tienen que avanzar hacia políticas transversales de prevención
más eficaces, cuanto más, por algunos señalamientos que se han detectado en
redes sociales en contra de estas instituciones, sobre una supuesta orientación
complaciente hacia ciertos grupos de interés, en detrimento de la imparcialidad
y la equidad social.
Habrá que estar atentos.
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