Es la gran duda.
Hoy martes por la mañana unas sesenta personas integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (SUTIOCIFED), que habían cerrado la circulación en la calzada San Felipe, para apoyar la atención a sus demandas laborales, fueron desalojados por la Policía Estatal.
Que los manifestantes hayan cerrado la calzada San Felipe, que conduce a una de las zonas habitacionales de nivel medio y alto del municipio, en el que habita una gran cantidad de funcionarios públicos de primer nivel, no es novedad. Lo que llama la atención es que se haya aplicado a la policía estatal para liberar con prontitud y eficacia el bloqueo de los inconformes.
Es decir, sí se puede.
Sí puede intervenir la autoridad, con eficacia, para impedir el daño a los derechos de terceros.
Con esta señal, seguramente a partir de ahora los manifestantes intentarán agotar las vías institucionales y lo pensarán dos veces antes de exponerse físicamente a la coerción de los cuerpos de seguridad pública e incluso, a ser sometidos al ejercicio de la acción penal.
Por eso la gran duda es si estamos ante la ratificación del estado de derecho, en el que las instituciones, con apego a la legalidad y con pleno respeto por los derechos humanos, realizarán las delicadas funciones que tienen asignadas en este tipo de situaciones, o es solamente una medida aislada.
En caso de que se tratara de una medida aislada habría una gran decepción, porque entonces, la autoridad intervendría donde la geografía del nivel socioeconómico lo ameritara, y el costo social y político fuera de menores dimensiones, como en el caso de sindicatos y organizaciones de bajo perfil.
Sólo el tiempo demostrará el auténtico sentido de estas medidas.
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