La industria de alimentos procesados enfrenta una gran debacle.
El incremento de enfermedades como la diabetes y que está asociada al alto consumo de bebidas envasadas(refrescos) y de alimentos procesados con grasas saturadas y azucares, está replanteando una nueva relación de la sociedad respecto a esos productos.
En la industria farmacéutica son más comunes las denuncias por la calidad y consecuencias de los medicamentos, pero ahora también la industria alimentaria enfrenta una creciente campaña mundial por sus efectos nocivos en la salud pública.
Algo parecido ocurrió con los cigarros. Se ha demostrado la asociación del cáncer con el consumo de tabaco y derivado de eso se prohibió su publicidad y se ha obligado a las empresas del ramo a etiquetar con severas advertencias sus productos.
Dentro de las regulaciones está prohibida su venta a menores de edad.
Un gran acierto también, aunque a muchos no les gustó, es que se delimitaron las áreas públicas para fumadores, contribuyendo de esta manera a propiciar ambientes más saludables para los no fumadores.
Otra experiencia parecida y asociada a determinado tipo de enfermedades entre los mexicanos, llevó a prohibir la existencia de saleros en las cocinas de la Ciudad de México.
El centro de la discusión ahora son los efectos de los refrescos y muchos alimentos procesados conocidos como alimentos chatarra.
De manera frecuente conocemos estadísticas sobre obesidad y las enfermedades derivadas de esta condición y que están relacionados con los malos hábitos alimenticios. El gasto invertido por el gobierno llama la atención sobre un problema real y creciente.
La industria de refrescos y alimentos procesados se ha ido adaptando--a veces no con resultados efectivos--- para no perder el mercado.
Hoy en día existe una gran variedad de productos "ligth" o con bajos contenidos en azúcares, grasas y sal, en muchos casos de dudosa efectividad. Por otro lado, la incursión de las refresqueras tradicionales en el consumo de agua natural envasada les ha permitido mantener e incluso, incrementar sus ganancias.
Al mismo tiempo, la sociedad civil a través de organizaciones especializadas se han dado a la tarea de advertir e informar sobre las consecuencias nocivas de una mala alimentación asociada al consumo de refrescos y de alimentos procesados.
Esto es una tendencia irreversible.
Todavía es temprano para poder hacer una evaluación de la influencia de estas asociaciones y los resultados obtenidos en relación con el consumo de esos productos. Cada vez atraen más la atención de los ciudadanos y de las instancias normativas que están realmente presionadas para encontrar soluciones a una industria millonaria, que además de generar amplias fuentes de empleos, tienen efectos sobre el medio ambiente.
Mucho se ha criticado en México la silenciosa apropiación de fuentes de agua por parte de la Coca Cola, por ejemplo, y también se menciona la contaminación generada por la industria de los alimentos chatarra.
Entre otras consecuencias, ambas industrias se ubican a la cabeza en la generación de plásticos que están contaminando el medio ambiente.
Se conocen algunas medidas paliativas de ese tipo de empresas para tratar de contribuir a disminuir sus efectos en la ecología, pero siguen siendo una fuente principal de generación de contaminantes.
Por lo que vemos en redes sociales o en la prensa escrita, la sociedad civil va a la cabeza en las iniciativas para combatir los efectos nocivos de este tipo de industrias.
Como tendencias previsibles se vislumbra la prohibición de la venta de refrescos y de alimentos chatarra a los menores de edad. El control y la limitación paulatina de la publicidad de ese tipo de productos. Una regulación más estricta en cuanto a los insumos con que se elaboran ese tipo de bebidas y alimentos y sobre todo, mayores campañas de prevención e información.
Ante todo esto, ¿cuál es el papel del Estado?
Una de las principales obligaciones del gobierno y sus órganos es cuidar la vida humana y proteger el medio ambiente. En ese sentido, se debe de apoyar las iniciativas de instituciones y de organismos especializados que han emprendido esta batalla.
Hasta ahora, la participación de las instituciones gubernamentales se ha visto rebasada.
Las poderosas agencias de cabildeo van a seguir defendiendo los intereses de las empresas y eso por lo menos ralentizará las iniciativas de regulación.
Ya no hay tiempo para un juego de luchas.
Los indicadores aportados por las propias instituciones de salud pública advierten de las amenazas y consecuencias negativas, en caso de mantenerse estas tendencias de morbilidad y mortalidad por el consumo excesivo y descontrolado de ese tipo de productos.
El gasto en salud desviará cada vez más recursos hacia la atención de este problema con el consabido riesgo de que dichos recursos se expongan a malos manejos, disminuyendo la efectividad de su impacto.
Si bien es cierto que el gobierno debe sopesar una relación costo-beneficio, por la generación de empleos y las aportaciones, vía impuestos, de esos productos, su obligación ética está principalmente del lado de los ciudadanos y del medio ambiente.
Por lo tanto, deber corresponder al gobierno:
1. Introducir en las asignaturas de la educación obligatoria la cultura de la alimentación saludable y la protección al medio ambiente.
2. Apoyar a los productores de alimentos naturales para incentivar su distribución y consumo a precios accesibles.
3. Propiciar campañas de divulgación e información sobre los efectos nocivos de los refrescos y los alimentos chatarra, regulando de manera más estricta su venta y la información nutricional como lo plantean las propuestas sobre etiquetados.
4. Una mayor intervención y vigilancia de organismos públicos para la supervisión, revisión y control de los contenidos de ese tipo de productos (refrescos y alimentos procesados).
5. Incrementar los aranceles a productos importados asociados a consecuencias nocivas para la salud, así como limitar su importación.
6. Propiciar estilos de vida saludables a través de la promoción del deporte y el ejercicio como un estilo de vida.
7. Recuperar la propiedad de la nación sobre el territorio, los recursos naturales y su aprovechamiento y elevar a nivel de derecho humano el consumo del agua potable.
8. Generar la discusión y la concertación entre la inciativa privada y el gobierno para establecerse resultados de corto, mediano y largo alcance, tanto en salud como en medio ambiente.
9. Trascender la perversa acusación de que los problemas de salud pública son responsabilidad exclusiva del ciudadano, cuando existe un ambiente obesogénico tolerado y fomentado por el propio gobierno--por omisión o por comisión---.
Estas son solo algunas ideas para propiciar el debate, pero cualquier intento de las instancias federales estará desprovisto de una buena intención si no se respeta la coordinación intergubernamental, imprescindible para el éxito de las políticas públicas.
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