La causa original fueron las injusticias.
Oaxaca, uno de los estados con mayores índices de marginación y pobreza, con predominante población indígena fue históricamente un caldo de cultivo para que algunos cometieran injusticias y también para la creación de organizaciones que fomentaban y representaban la defensa de la población.
Hoy en día el panorama está cambiando, gracias a los esfuerzos por sumar a Oaxaca al desarrollo y el fomento de una mayor equidad.
Sin embargo, en sus orígenes, la protesta social podría evidenciar un conflicto entre formalidad e informalidad.
Es muy complicado tratar de encontrar un vínculo entre el reconocimiento tradicional que goza la autoridad en las comunidades indígenas y la enorme confianza que éstas depositan de buena fe, en las autoridades políticas, indígenas o no, pero también es cierto que el respeto por la autoridad en estas comunidades es elevado, así como creer en los arreglos mediante la palabra.
La palabra tiene un valor que representa una economía de medios para la realización de los diversos compromisos que se formulan entre particulares y entre ciudadanos y gobernantes.
Cuando la autoridad falla y la palabra también, por lo general salen perdiendo los más débiles, entonces la única arma de lucha es la presión social como un recurso para reivindicar la justicia.
Esa práctica, la protesta social, también fue fomentada por autoridades, al ceder en la mayoría de los casos justificados o no, que derivaron en un clientelismo eficiente.
Ejemplo de esto es que cuando existe un acto relevante a nivel estatal--como la celebración de la Guelaguetza o algún evento importante con difusión nacional---, algunas organizaciones presionan al gobierno para obtener respuesta a sus peticiones.
Obvia decir que algunas organizaciones han tenido mucho éxito en la presión como medida para obtener recursos, con una dudosa distribución equitativa entre sus militantes, de modo que la protesta se convirtió en un jugoso negocio para unos pocos.
De ahí que sea una práctica muy común en Oaxaca, todavía, la protesta social como forma de presión para la obtención de recursos o para exigir a la autoridad su intervención en la solución de conflictos.
Esta ya no la practican únicamente enormes contingentes de agrupaciones sociales, sino también pequeños grupos de inconformes, corporaciones o personas que quieren llamar la atención sobre problemas específicos.
Es cierto que algunos actos de protesta social son legítimos y que la protesta es la única vía para llamar la atención hacia su resolución, sin embargo, también hay actos que reflejan un desconocimiento y, en algunas ocasiones, hasta un desprecio de la legalidad para su resolución.
Se trata de actos de violencia social que motivan la criminalización de la protesta social, desafortunadamente.
Hay un factor adicional que alienta la protesta social, que es la actitud de algunos funcionarios que en vez de prevenirla mediante la atención de las demandas sociales, en este caso, poco se preocupan por evitarla y a veces hasta la complican.
Así es Oaxaca.
Oaxaca, uno de los estados con mayores índices de marginación y pobreza, con predominante población indígena fue históricamente un caldo de cultivo para que algunos cometieran injusticias y también para la creación de organizaciones que fomentaban y representaban la defensa de la población.
Hoy en día el panorama está cambiando, gracias a los esfuerzos por sumar a Oaxaca al desarrollo y el fomento de una mayor equidad.
Sin embargo, en sus orígenes, la protesta social podría evidenciar un conflicto entre formalidad e informalidad.
Es muy complicado tratar de encontrar un vínculo entre el reconocimiento tradicional que goza la autoridad en las comunidades indígenas y la enorme confianza que éstas depositan de buena fe, en las autoridades políticas, indígenas o no, pero también es cierto que el respeto por la autoridad en estas comunidades es elevado, así como creer en los arreglos mediante la palabra.
La palabra tiene un valor que representa una economía de medios para la realización de los diversos compromisos que se formulan entre particulares y entre ciudadanos y gobernantes.
Cuando la autoridad falla y la palabra también, por lo general salen perdiendo los más débiles, entonces la única arma de lucha es la presión social como un recurso para reivindicar la justicia.
Esa práctica, la protesta social, también fue fomentada por autoridades, al ceder en la mayoría de los casos justificados o no, que derivaron en un clientelismo eficiente.
Ejemplo de esto es que cuando existe un acto relevante a nivel estatal--como la celebración de la Guelaguetza o algún evento importante con difusión nacional---, algunas organizaciones presionan al gobierno para obtener respuesta a sus peticiones.
Obvia decir que algunas organizaciones han tenido mucho éxito en la presión como medida para obtener recursos, con una dudosa distribución equitativa entre sus militantes, de modo que la protesta se convirtió en un jugoso negocio para unos pocos.
De ahí que sea una práctica muy común en Oaxaca, todavía, la protesta social como forma de presión para la obtención de recursos o para exigir a la autoridad su intervención en la solución de conflictos.
Esta ya no la practican únicamente enormes contingentes de agrupaciones sociales, sino también pequeños grupos de inconformes, corporaciones o personas que quieren llamar la atención sobre problemas específicos.
Es cierto que algunos actos de protesta social son legítimos y que la protesta es la única vía para llamar la atención hacia su resolución, sin embargo, también hay actos que reflejan un desconocimiento y, en algunas ocasiones, hasta un desprecio de la legalidad para su resolución.
Se trata de actos de violencia social que motivan la criminalización de la protesta social, desafortunadamente.
Hay un factor adicional que alienta la protesta social, que es la actitud de algunos funcionarios que en vez de prevenirla mediante la atención de las demandas sociales, en este caso, poco se preocupan por evitarla y a veces hasta la complican.
Así es Oaxaca.
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