Educación Pública en Oaxaca: el tercer elemento

En estos días el inicio del ciclo escolar en Oaxaca está caracterizado por la zozobra.

La educación pública de los niveles preescolar, primaria y secundaria, arrancan con cierta incertidumbre derivada del conflicto que se registra entre la parte patronal, el gobierno federal y local― al tratar de aprobar la reforma educativa nacional en el estado― y por otra parte, el sindicato de profesores de la Sección 22―que se opone a la reforma federal y defiende su propio proyecto, en un ambiente de abierta beligerancia y que tiene repercusiones en todo el estado.

Como sucede con los edificios resquebrajados hasta los cimientos, la educación pública de este nivel en Oaxaca está llegando a sus límites, en donde se tiene que dar una solución, entre varias posibilidades:

 1. Sí se aplica la reforma educativa federal en el estado.

       2. No se aplica la reforma educativa federal en el estado.

       3. Se aplica la reforma educativa federal en el estado, pero con modificaciones distintas a su espíritu original, que pueden ser moderadas o graves.

En este contexto, existen algunos factores que complican las negociaciones:

1.    La disputa violenta de la Sección 22 en la recuperación de espacios educativos en poder de la Sección 59, el otro sindicato de profesores que sí está de acuerdo con la reforma educativa federal.

2.    Los plantones, manifestaciones, marchas y bloqueos a vías de comunicación terrestres, y boicots contra actos oficiales de la federación, por parte de la Sección 22.

3.    Los ataques a oficinas de organizaciones no afines a los intereses de la Sección 22, como ciertas oficinas de algunos partidos políticos.

4.    La presión de los normalistas afines a la Sección 22, para obtener su contratación privilegiada y directa en las escuelas públicas.

5.    Los cierres de negocios selectivos, por parte de la Sección 22, que ha generado el rechazo y malestar de la iniciativa privada del estado.

La situación actual de la educación pública de estos niveles en Oaxaca es producto de 30 años de olvido y de complicidades entre las partes, que viene a crear un panorama más desolador para un Estado que ocupa los últimos lugares en educación y los primeros en marginación.

En un mundo globalizado y de alta competitividad, donde la educación se constituye en una vía indiscutible para lograr mejores condiciones de equidad y desarrollo, la disputa entre el sindicato de profesores y el gobierno se da literalmente a pedradas.

A su vez, la opinión pública está polarizada: por un lado, la mayoría de los profesores de la Sección 22 y sus organizaciones afines, que defienden su verdad absoluta y por el otro lado, los que están en contra de éstos.

Realmente, dentro del poderoso sindicato de la Sección 22, hay muchos profesores, hombres y mujeres, que están en desacuerdo con las prácticas internas sindicales y que en privado manifiestan su inconformidad, pero que públicamente no pueden hacer nada, ante los diversos medios de presión que se ejercen contra ellos.

Más allá de los cuantiosos recursos económicos en disputa y las canonjías derivadas de la falta de autoridad educativa en el estado, uno de los argumentos reiterados de la Sección 22 para negarse a aceptar la reforma educativa federal es el señalamiento de que en ésta no se atiende la realidad indígena e intercultural de Oaxaca.

Pero hasta el momento no se ha podido brindar respuesta históricamente a esta problemática, ya que se evidencian irregularidades como la asignación de profesores que no hablan la lengua indígena o bien, hablan una variante distinta a la de los alumnos que atienden, debido a que la movilización del personal docente se da conforme a la lógica de las relaciones sindicales y no por las necesidades del servicio. Un ejemplo de esto es la admisión indiscriminada de los futuros profesores, que tendrían que ser ubicados en algún lado y no estrictamente en dónde se les demanda.

Acaso, el problema principal reside en la postura del Sindicato frente al dilema del paradigma educativo de la cultura media nacional ante la profundización de escasas costumbres y prácticas indígenas, que cada vez están en desuso por influencia de la modernidad y la predominancia del idioma español y que en estricto sentido tienen poco impacto ―no poco significado en sí mismas―en la revaloración de las culturas locales, como para constituir un paradigma estrictamente educativo frente a los tiempos modernos.

En estos casos, la discusión sobre el indigenismo y la interculturalidad educativa tiene que abarcar  a sectores más amplios de la inteligencia nacional y plantearse exactamente como un asunto de estado.

En esta disputa de dos: entre el gobierno con sus reformas y el sindicato, que se niega a aceptarlas, hay un tercer elemento que empieza a emerger y del que poco se comenta: los usuarios.

Representados por los padres de familia―no las asociaciones de membrete que se dicen representar a todos los tutores y que apoyan ciegamente al sindicato― han empezado a manifestar su inconformidad ante la manipulación y los excesos de los profesores de la Sección 22, gestionando profesores del otro sindicato y asumiendo una actitud más crítica frente a los maestros y sus actos.

Son actos aislados, pero recurrentes, que empiezan a emerger en las localidades sin ningún vínculo, más que un reflejo natural ante la dinámica del conflicto y por una auténtica defensa de la educación pública que, quiérase o no, será la cruz que llevarán sus hijos frente al destino.

El tercer elemento será crucial en los días por venir.