Parece un cuento chino.
Con el debido respeto para la
civilización china, en la cultura popular mexicana un cuento chino significa una narración exagerada que es imposible que
haya ocurrido.
Por analogía, vendría a ser lo mismo que
esta otra acertada frase que ilustra un estado de incapacidad mental, de
inmadurez o de haber sido sorprendido sin ninguna posibilidad de defensa: recibir atole con el dedo.
Y es que no hay otra palabra que describa
la actitud del ciudadano común cuando se le informa que los recursos públicos
que están destinados para promover mejores condiciones de desarrollo para él,
su familia y su sociedad, simplemente se han perdido en el despilfarro, la
ineficacia o la corrupción.
Recientemente se publicó en el periódico
El Imparcial de Oaxaca (27 de agosto), a través del reportero Juan Medrano, la
declaración del titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano
Toledo, que 300 presidentes municipales del trienio anterior no comprobaron
cerca de 4 mil millones de pesos.
Dijo que de estos recursos se carece de
actas de entrega recepción, expedientes técnicos, facturas, comprobantes
fiscales y en general la documentación contable comprobatoria del gasto público
ejercido en el trienio anterior. Lo que ha generado sospechas de corrupción.
A reserva de que se ratifique el dicho
del responsable de la vigilancia de la cuenta pública del estado, es lógico,
sensato y razonable pensar que esto simplemente no puede ser posible.
Un asunto tan delicado como el erario, no
puede presentar fallas tan elementales con consecuencias tan graves.
Oaxaca, entidad con una elevada
marginación, con una acentuada dispersión poblacional, con una orografía
compleja, con 417 municipios, de 570, que se manejan por “usos y costumbres”, y
en los que la duración del gobierno municipal va de un año, a año y medio, dos
años y hasta tres años, donde la mayoría de las autoridades municipales apenas
si saben leer y escribir, históricamente ha sido un campo propicio para
justificar el extravío de dinero, de todos los niveles de gobierno.
Hay un desdén institucional por el
municipio en Oaxaca, que es, irónicamente, el estado con el mayor número de
municipios en el país y, asimismo, el orden de gobierno más cercano a la gente.
Esta caracterización de bajo perfil en el
desarrollo institucional municipal puede ser una causa de la falta de
comprobación de recursos públicos en tiempo y forma, pero también hay que
reconocer que con las participaciones de recursos federales que reciben los
municipios, la célula básica del federalismo se ha convertido en una arena por
excelencia para la disputa de los dineros públicos, tanto de manera formal,
como de manera informal.
Pero las autoridades municipales, en los
casos de corrupción que se pueda identificar, no actúan por sí mismos, una de
las principales área de corrupción se da a través de la obra pública.
Muchas constructoras ofrecen a la propia
autoridad municipal un jugoso plan de comisiones para ganar la asignación de la
obra y tratándose de licitaciones, son capaces de presentar tres o más
propuestas distintas de empresas legalmente constituidas que pueden mantener un
arreglo entre sí, o tener a los mismos accionistas o sus prestanombres.
Para que se pueda generar el moche, la mordida o la comisión,
hay que sacrificar la calidad y la cantidad de la obra, lo cual se traduce en
vicios ocultos, en obras con escasa vida útil, en obras que requieren una
inversión mayor de mejoras en el corto plazo y en el peor de los casos, obras
inexistentes u obras que ya existían y que se maquillan para justificar el
gasto.
En otras ocasiones se ha denunciado la
existencia de empresas fantasmas que cobran jugosos anticipos para luego
desaparecer. Aunque en menor medida, también se han denunciado mecanismos de
extorsión hacia las autoridades municipales, ya que delincuentes les prometen
gestionar donativos en especie del Sistema de Administración Tributaria, como
patrullas, carros de bomberos, ambulancias, previa entrega de anticipos en efectivo
para gastos de operación, que se perderán junto con la buena fe de las
autoridades municipales.
La cuantía del gasto público, ha generado
también un relevante sector de gestores,
asesores y contadores, no pocos con
escrúpulos, que se disputan las migajas del pastel con los intermediarios institucionales, los mártires de las organizaciones
sociales que exigen su derecho de piso al presupuesto público y entre los que
se encuentran no pocos políticos y recomendados de los personeros del poder
público.
Muchos partidos acostumbran a inflar la
nómina municipal con una cuota de plazas que se impone al presidente municipal,
tanto en la burocracia local, como en los comités municipales del partido, que
hacen la función de substituir la aplicación de los jugosos recursos que
deberían de destinar a sus actividades de proselitismo político.
En este maremágnum de corrupción
existente, la culpa no sólo es de algunos partidos políticos que tienen
prácticas de agencias de colocaciones, de lobbies o de cuello de botella en la
asignación de obra pública o del destino de la inversión de los recursos
públicos, también tienen un poco de culpa algunos colegios de profesionistas―tradicionalmente
desgastados entre la grilla y el divisionismo―, dejando en segundo lugar la grave
tarea de regular el ejercicio profesional y supervisar la ética de sus miembros.
Por otro lado, y afortunadamente, hasta
el momento, en Oaxaca todavía no se tiene conocimiento de que la delincuencia
organizada esté extorsionando a las administraciones públicas municipales como
ha sucedido en otras entidades, pero esto ya sería el colmo.
Evidentemente hay soluciones.
Oaxaca, pese a sus características
geográficas o sociales, no es un mundo extraterrestre o esotérico e imponer
soluciones a esta problemática no significa descubrir el hilo negro. Mucho
depende de la convicción de los gobernantes, de su compromiso con la ley, la
equidad y la justicia.
Como en todo proceso, las fallas de
control y vigilancia en el gasto público de Oaxaca, con esas cantidades enormes
de recursos sin comprobar y que dan lugar al sospechosismo, muestran un desarreglo institucional que
estrictamente va más allá de las autoridades municipales, porque así conviene
al sistema.
Lo cual no es un asunto menor. Tal vez
por eso es de lamentarse la falta de estudios que permitan profundizar el
conocimiento de esta problemática.
En fin, es probable que el ciudadano
común siga escuchando discursos de denuncia de actos de corrupción consumada, a
la manera de cuentos chinos, en voz de funcionarios del mismo estado, en vez de
constatar hechos proactivos, que prevengan y reduzcan esas irregularidades que son
fuente de inequidades, injusticias y retraso social.
No hay que olvidar que este girón de la
Patria, es cuna de uno de los gobernantes
más honestos que haya existido en la historia de México, Benito Juárez, y esos
actos escandalosos de dispendios, ineficacia y corrupción no honran su memoria
ni contribuyen a elevar el nivel de vida, ni el prestigio del estado y sus
habitantes.
