Se habla de ocho muertos.
Por cada persona caída habrá una familia destruida y mucho
dolor.
Son vidas humanas que se han perdido de manera inútil y de
una forma estúpida porque se pudo evitar la confrontación armada. Sin duda, la
primera víctima de esta tragedia ha sido la inteligencia, por donde quiera que
se le vea.
Más allá del controvertido operativo de la policía estatal
para apoyar algunas detenciones este 11 de junio en el municipio mixe de San Juan
Cotzocón, que derivó en cuatro policías y cuatro civiles muertos—número de
decesos que ha reconocido el gobierno
del estado--, hay que destacar que estos hechos representan una llamada de
atención para atender y prevenir situaciones similares.
La causa de los muertos de Cotzocón se da como resultado de
un conflicto poselectoral de usos y costumbres, a pesar de que la controversia
ya fue resuelta legalmente hasta su último recurso y hoy tiene la categoría de
cosa juzgada.
Se ha señalado que un grupo inconforme con los resultados
que no le favorecieron en la elección municipal creó su propio “ayuntamiento
popular”, despachando de manera ilegal y con presuntas violaciones y excesos en
contra de la población, mientras que el ayuntamiento “legítimo” cambió su sede haciéndole el juego al ayuntamiento "popular".
Poco a poco empieza a fluir la información y a conocerse la
injerencia indebida de actores políticos externos, pero muy interesados en el
control político y su meta final, que es influir en el manejo de unos 50
millones de pesos que es el presupuesto promedio anual de ese municipio que
reportan datos oficiales.
La ausencia del respeto a la legalidad, la falta de una
operación política conciliatoria eficaz y la ambición desmedida de algunos actores
políticos, que están agitando las aguas preelectorales de la entidad, contribuyeron
a aderezar ese coctel de violencia y muerte.
Y todo esto nos hace voltear hacia uno de los factores
principales de este drama, que es el frágil diseño institucional de la elección
por usos y costumbres, cuyas insuficientes bases legales abren grandes boquetes
de incertidumbre e inestabilidad.
Voy a destacar la necesaria reformulación de las elecciones
por usos y costumbres, como un requisito para garantizar la certidumbre legal y
la representatividad electoral, que cierre los resquicios a los abusos que
derivan en penosos resultados como el de San Juan Cotzocón.
Esencialmente, las elecciones por usos y costumbres que se
practican en 417 de los 570 municipios de Oaxaca, se tratan de elecciones
organizadas y validadas, en primera instancia por el propio municipio, en las
que impera el principio de buena fe. Pero en política, la buena fe es insuficiente
cuando hay controversias.
La elección por usos y costumbres o de “sistemas normativos
internos” funciona para municipios pequeños con poblaciones homogéneas; San
Juan Cotzocón, aún cuando concentra una
mayoría de hablantes de la lengua mixe, también se integra por localidades de
otras etnias y alcanza una población mayor a los 22 mil habitantes.
En la elección por usos y costumbres se elige a mano alzada a
los integrantes del ayuntamiento mediante una asamblea general de vecinos y en
la mayoría de los casos, estas decisiones las toman los habitantes de la
cabecera municipal y pocas veces se permite la participación de los ciudadanos
de las demás agencias del municipio.
La ley prohíbe la injerencia de partidos políticos o de
organizaciones en la elección de los ayuntamientos de usos y costumbres, pero
esto es letra muerta, sobre todo, cuando el municipio representa para los
partidos políticos y los caciques locales un filón electoral y de obtención de
ingresos económicos.
Esto nos exige discutir si los municipios con grandes
cantidades de población, relativamente, como San Juan Cotzocón, deben continuar
bajo el régimen de usos y costumbres, o es necesario establecer mecanismos de
mayor precisión que garanticen la legalidad y la legitimidad de la
representación por usos y costumbres y por otro lado, que sirvan de base para promover
una mayor eficacia de la vida institucional municipal.
Se trata de desarrollar la cultura política y de manera paralela impulsar la modernización de las administraciones públicas municipales, para evitar la manipulación política, la corrupción y acaso, la consecuencia más grave, la perdida de vidas humanas por el menosprecio y abandono institucional del tercer orden de gobierno.
