La violencia nunca se justifica.
Durante algunos meses la sociedad del Estado de Oaxaca se ha visto alterada por un malestar---de manera simplista podríamos decir que de víctima o verdugo, según el lugar donde uno se pare---, y que ha repercutido en la normalidad de la vida cotidiana.
Más allá de las causas, motivaciones y objetivos de los diversos grupos que han alterado el orden social, un hecho es cierto: el hartazgo es recíproco.
Nunca como ahora se percibe una sociedad dividida y cansada, frustrada; existe un sentimiento general de incapacidad para resolver los problemas y para lograr una armonía social. Existe una incertidumbre sobre el futuro inmediato y la zozobra se hace cotidiana por los rumores, las acciones y el discurso de los diversos actores involucrados en la controversia.
La ancestral pobreza, la imparable corrupción oficial y la infinita presión económica sobre la ciudadanía---como dice el dicho, al perro más flaco se le cargan más las pulgas---, provoca que Oaxaca profundice su dependencia, su anquilosamiento y su involución política, económica y social.
Si se observa a los movimientos sociales de Oaxaca bajo el microscopio de la teoría de las revoluciones, sus estertores no pintan para un cambio de trascendencia real por su bajo perfil y sus propósitos sectoriales y cortoplacistas.
Esta situación de inestabilidad y desmoronamiento moral del pueblo oaxaqueño, no lo sustenta para enfrentar los desafíos del desarrollo.
Los pueblos, como los hombres, necesitan un cuerpo sano y una mente sana.
¿De qué manera, entonces, se puede recuperar la fe, la confianza y la autoestima de una sociedad vapuleada, dividida, frustrada ante el futuro y sin la esperanza de una estabilidad que ayude a impulsar su avance por la senda del progreso?
En primer lugar se necesita recuperar el Estado de Derecho. Que las partes se apeguen estrictamente a la legalidad. Que el Estado cumpla con su obligación de mantener la paz pública y garantizar la seguridad jurídica de las personas, a través de la observancia de los derechos y garantías constitucionales.
Pero el Estado, a través del gobierno, también necesita recuperar su credibilidad, se requiere combatir la impunidad y dar muestras contundentes de convicción y compromiso por la justicia y la legalidad.
La población necesita recuperar la confianza en su gobierno y en sus instituciones; y si la parte agraviada que reclama derechos tiene causas justas, debe agotar todos los instrumentos de negociación y de legalidad, antes de proclamar la violencia y el chantaje político.
En segundo lugar, es necesario impulsar un gran movimiento de reconciliación, paz y justicia entre los diversos actores sociales, políticos y económicos.
Más que sacar leña del árbol caído, los partidos, las iglesias, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, los diputados, los presidentes municipales y principalmente los partidos políticos, deben actuar con responsabilidad social y convocar a la paz y la legalidad.
Cada institución, desde sus respectivos ámbitos, debe recuperar y fomentar los valores como el diálogo, la razón jurídica, la tolerancia, el respeto con la convicción de que el futuro de México es un futuro de grandeza.
Por algún lado tenemos que empezar a tejer la confianza desde las amistades, la familia, las instituciones, comunidades y pueblos y demostrar que más allá de nuestras diferencias somos sociedades civilizadas donde impera la razón y la legalidad y que por lo mismo, tenemos el derecho de ganarnos un futuro con responsabilidad y legitimidad.
Sanear la sociedad oaxaqueña, convulsa y subestimada, no se logrará de la noche a la manaña, pero podemos empezar hoy por nosotros mismos con una pizca de optimismo y buena fe.
