Ambiente obesogénico: cuando la dieta es insuficiente

La industria de alimentos procesados enfrenta una gran debacle.

El incremento de enfermedades como la diabetes y que está asociada al alto consumo de bebidas envasadas(refrescos) y de alimentos procesados con grasas saturadas y azucares, está replanteando una nueva relación de la sociedad respecto a esos productos.

En la industria farmacéutica son más comunes las denuncias por la calidad y consecuencias de los medicamentos, pero ahora también la industria alimentaria enfrenta una creciente campaña mundial por sus efectos nocivos en la salud pública.

Algo parecido ocurrió con los cigarros. Se ha demostrado la asociación del cáncer con el consumo de tabaco y derivado de eso se prohibió su publicidad y se ha obligado a las empresas del ramo a etiquetar con severas advertencias sus productos.

Dentro de las regulaciones está prohibida su venta a menores de edad.

Un gran acierto también, aunque a muchos no les gustó, es que se delimitaron las áreas públicas  para fumadores, contribuyendo de esta manera a propiciar ambientes más saludables para los no fumadores.

Otra experiencia parecida y asociada a determinado tipo de enfermedades entre los mexicanos, llevó a prohibir la existencia de saleros en las cocinas de la Ciudad de México.

El centro de la discusión ahora son los efectos de los refrescos y muchos alimentos procesados conocidos como alimentos chatarra.

De manera frecuente conocemos estadísticas sobre obesidad y las enfermedades derivadas de esta condición y que están relacionados con los malos hábitos alimenticios. El gasto invertido por el gobierno llama la atención sobre un problema real y creciente.

La industria de refrescos y alimentos procesados se ha ido adaptando--a veces no con resultados efectivos--- para no perder el mercado.

Hoy en día existe una gran variedad de productos "ligth" o con bajos contenidos en azúcares, grasas y sal, en muchos casos de dudosa efectividad. Por otro lado, la incursión de las refresqueras tradicionales en el consumo de agua natural envasada les ha permitido mantener e incluso, incrementar sus ganancias.

Al mismo tiempo, la sociedad civil a través de organizaciones especializadas se han dado a la tarea de advertir e informar sobre las consecuencias nocivas de una mala alimentación asociada al consumo de refrescos y de alimentos procesados.

Esto es una tendencia irreversible.

Todavía es temprano para poder hacer una evaluación de la influencia de estas asociaciones y los resultados obtenidos en relación con el consumo de esos productos. Cada vez atraen más la atención de los ciudadanos y de las instancias normativas que están realmente presionadas para encontrar soluciones a una industria millonaria, que además de generar amplias fuentes de empleos, tienen efectos sobre el medio ambiente.

Mucho se ha criticado en México la silenciosa apropiación de fuentes de agua por parte de la Coca Cola, por ejemplo, y también se menciona la contaminación generada por la industria de los alimentos chatarra.

Entre otras consecuencias, ambas industrias se ubican a la cabeza en la generación de plásticos que están contaminando el medio ambiente.

Se conocen algunas medidas paliativas de ese tipo de empresas para tratar de contribuir a disminuir sus efectos en la ecología, pero siguen siendo una fuente principal de generación de contaminantes.

Por lo que vemos en redes sociales o en la prensa escrita, la sociedad civil va a la cabeza en las iniciativas para combatir los efectos nocivos de este tipo de industrias.

Como tendencias previsibles se vislumbra la prohibición de la venta de refrescos y de alimentos chatarra a los menores de edad. El control y la limitación paulatina de la publicidad de ese tipo de productos. Una regulación más estricta en cuanto a los insumos con que se elaboran ese tipo de bebidas y alimentos y sobre todo, mayores campañas de prevención e información.

Ante todo esto, ¿cuál es el papel del Estado?

Una de las principales obligaciones del gobierno y sus órganos es cuidar la vida humana y proteger el medio ambiente. En ese sentido, se debe de apoyar las iniciativas de instituciones y de organismos especializados que han emprendido esta batalla.

Hasta ahora, la participación de las instituciones gubernamentales se ha visto rebasada.

Las poderosas agencias de cabildeo van a seguir defendiendo los intereses de las empresas y eso por lo menos ralentizará las iniciativas de regulación.

Ya no hay tiempo para un juego de luchas.

Los indicadores aportados por las propias instituciones de salud pública advierten de las amenazas y consecuencias negativas, en caso de mantenerse estas tendencias de morbilidad y mortalidad por el consumo excesivo y descontrolado de ese tipo de productos.

El gasto en salud desviará cada vez más recursos hacia la atención de este problema con el consabido riesgo de que dichos recursos se expongan a malos manejos, disminuyendo la efectividad de su impacto.

Si bien es cierto que el gobierno debe sopesar una relación costo-beneficio, por la generación de empleos y las aportaciones, vía impuestos, de esos productos, su obligación ética está principalmente del lado de los ciudadanos y del medio ambiente.

Por lo tanto, deber corresponder al gobierno:

1. Introducir en las asignaturas de la educación obligatoria la cultura de la alimentación saludable y la protección al medio ambiente.
2. Apoyar a los productores de alimentos naturales para incentivar su distribución y consumo a precios accesibles.
3. Propiciar campañas de divulgación e información sobre los efectos nocivos de los refrescos y los alimentos chatarra, regulando de manera más estricta su venta y la información nutricional como lo plantean las propuestas sobre etiquetados.
4. Una mayor intervención y vigilancia de organismos públicos para la supervisión, revisión y control de los contenidos de ese tipo de productos (refrescos y alimentos procesados).
5. Incrementar los aranceles a productos importados asociados a consecuencias nocivas para la salud, así como limitar su importación.
6. Propiciar estilos de vida saludables a través de la promoción del deporte y el ejercicio como un estilo de vida.
7. Recuperar la propiedad de la nación sobre el territorio, los recursos naturales y su aprovechamiento y elevar a nivel de derecho humano el consumo del agua potable.
8. Generar la discusión y la concertación entre la inciativa privada y el gobierno para establecerse resultados de corto, mediano y largo alcance, tanto en salud como en medio ambiente.
9. Trascender la perversa acusación de que los problemas de salud pública son responsabilidad exclusiva del ciudadano, cuando existe un ambiente obesogénico tolerado y fomentado por el propio gobierno--por omisión o por comisión---.

Estas son solo algunas ideas para propiciar el debate, pero cualquier intento de las instancias federales estará desprovisto de una buena intención si no se respeta la coordinación intergubernamental, imprescindible para el éxito de las políticas públicas.

Promueve el Partido Acción Nacional permiso para matar

La promoción que hace el Partido Acción Nacional en el Senado de la República para que ciudadanos porten armas en sus negocios y vehículos tiene un doble fondo, ya que esta disposición ya está prevista en el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula el Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como se recordará, el Artículo 10 Constitucional determina que los habitantes de nuestro país tienen derecho  a poseer armas en su domicilio y remite a la Ley Federal respectiva el caso de la portación de armas y en la que quedan comprendidas jurídicamente ya las hipótesis de la portación de armas en el  automóvil y en los negocios.

Si ya existe esta previsión de ley, es probable que la intención del Partido Acción Nacional no sea estrictamente modificar el Artículo 10 de la Constitución, sino el Artículo 5º  de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que determina la política del Estado Mexicano respecto a las armas, ya que faculta al Ejecutivo Federal, a los Gobiernos de los Estados, al Distrito Federal y a los Ayuntamientos para realizar campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo.

Esta política de Estado limita que poderosas compañías productoras de armamento puedan tener libre el camino para la venta de armas a discreción en nuestro país, aunque,  debido a la corrupción y el poder de las mafias, México se encuentre entre los países donde existe un alto tráfico ilegal de armas.

Si se llegara a modificar el sentido de esta política de estado propiamente prohibicionista, se daría el primer paso para la posterior liberación del mercado de armas en México y probablemente México sería lo más parecido al mercado de armas estadunidense, donde la cultura de las armas ha generado frecuentes masacres.

Desde una perspectiva de políticas públicas es muy dudoso que la liberación gradual del mercado de armas en México, como parece que lo pretende el Partido Acción Nacional, tenga un efecto positivo en el combate a la delincuencia. En primer lugar porque la posesión o la portación de un arma no garantiza que disminuya o se frene una amenaza y en segundo lugar porque el ciudadano no puede hacerse justicia por propia mano.

La fragilidad de la propuesta panista deja de lado las causas estructurales del problema: combatir la delincuencia desde sus raíces y combatir la impunidad, aspectos en los que ha dejado mucho que desear.

Más allá de todo lo que se desprende de este desapego del PAN a la tradición pacifista de la República Mexicana—y sus oscuras intenciones de crear de facto un permiso para matar--- queda demostrado que México seguirá siendo territorio en disputa de los intereses ajenos y extraños al progreso nacional.

Necesario crear ciudadanía

Una de las necesidades más urgentes de la sociedad contemporánea es la creación de ciudadanos conscientes, responsables y activos que ejerzan plenamente sus derechos y obligaciones ciudadanas.

Se trata de políticas que apoyen el trabajo de la familia y de la educación formal.

Muchas de las juventudes que alcanzan los 18 años de edad---que es el requisito en México para alcanzar la ciudadanía---, presentan deficiencias en el conocimiento, alcance y práctica de los deberes y responsabilidades ciudadanas.

Esto puede ser visto como una crísis de valores que muestra el vacío de fondo en las instituciones formales y no formales, relacionadas con la educación de la juventud.

Los jóvenes, como sujetos sociales, tienen un mayor interés para el mercado---en una sociedad que privilegia el consumismo indiscriminado--- y que pese a su enorme potencial como recurso humano, siguen a la espera de políticas de apoyo, entre ellas, las que induzcan y fortalezcan su ciudadanía plena para integrarse como adultos responsables.


Esta es una buena tarea que demanda la artículación de esfuerzos y el diseño de políticas públicas reales---no de políticas tipo buitre, como las que practican algunos partidos políticos, en los que los jóvenes sólo sirven de carne de carroña---.

Pluralismo, democracia, diversidad, tolerancia, honestidad, desarrollo, solidaridad y liderazgo---junto con la idea de país integrado en la armonía de las naciones---, son las bases de una ciudadanía que es hoy en día necesaria.

Circo, maroma y Partido Verde

Fue un error.

Prohibir a los animales en los circos parece una ocurrencia, una medida de distracción o una práctica mediática y no una solución de la grave responsabilidad de legislar.

El legislador debe encontrar el medio justo y sobre todo debe brindarle la mayor legitimidad a sus propuestas de leyes. A veces esto no es posible, por situaciones especiales, en cuyo caso, la legislación, cuando es restrictiva, obedece a una medida necesaria y extrema, como en casos de guerra, por ejemplo.

La medida del Partido Verde de prohibir a los animales en los circos, que ya aplicó el gobierno del Distrito Federal y un par de municipios en el país, es una medida extrema que carece de legitimidad.

El gremio circense, principal afectado por esta prohibición, ha denunciado que no fue tomado en cuenta.

A una mayor inteligencia, hubiera sido mas oportuno emitir una Ley de Protección para Animales en Espectáculos Circenses y los trabajadores de este sector hubiesen colaborado con grandes aportaciones.

Si existe otra salida.

En el corto plazo, las consecuencias son imprevisibles y obligan violentamente al ramo circense a cambiar de planes para no transgredir esa prohibición.

Desde la perspectiva de las políticas públicas este es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas.

Al final del día, el Partido Verde nuevamente se ha resbalado y también ha puesto al descubierto la poca inteligencia o el escaso análisis de quienes les han comprado el boleto, mientras que seguirán pendientes los grandes temas de autentico interés publico en materia ecológica.

Se trata de una medida errónea, pues.

Esto puede ser la mecha

Depende de cómo se asuma.

La Central de Abastos de la Ciudad de Oaxaca de Juárez es, sin duda, el mercado más grande del Estado.

Hoy algunos comerciantes han señalado supuesta parcialidad de la autoridad municipal para hacer valer los permisos de venta de bebidas alcohólicas, pero que bien mirado el asunto, podría ser la mecha que prenda la atención sobre este asunto.

Independientemente de esta situación, el mercado de abastos es un ejemplo de lo que no se debe hacer desde la adminsitración pública, ya que tradicionalmente se le ha considerado como un espacio de la política clientelar del gobierno municipal o estatal en turno, lo que ha generado una serie de informalidades que a la manera de un cáncer lo están exterminando.

La inseguridad, los problemas viales, las alarmantes violaciones a principios elementales de protección civil,   el autogobierno y las canonjías de líderes de comerciantes que lucran impunemente con la vía pública hacen necesario rescatar dicho mercado en aras del interés público y esto sólo se podría lograr si:

1. La autoridad municipal asume el compromiso de corregir el problema, que además cae dentro de su ámbito de gobierno. Lo cual se percibe difícil porque desde cualquier perspectiva el costo económico y político es muy alto y no se ven héroes en perspectiva.

2. Que la autoridad municipal se lo endose al Gobierno Estatal. Dada la complejidad del problema y los recursos que se requieren es lo más viable. Que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, convenga con el Gobierno Estatal que él lo resuelva, para aplicar una solución desde una perspectiva integral que tiene que ver con el ordenamiento vial, el combate a la delincuencia, el control de la prostitución en la zona, el control de la contaminación, la recuperación institucional de derechos que le correspondan a la autoridad...

Tal vez cabría una tercera opción y que tiene que ver con su concesión. Pero es inimaginable porque el resultado político vendría acompañado de costos sociales de mayor alcance.

De cualquier forma, lo peor es no hacer nada y como un sano ejercicio hay que ver el mercado de abastos desde un enfoque de políticas públicas para identificar grandes áreas de oportunidades bajo el enfoque de costo beneficio.

¿Será que nadie realmente se de cuenta de esto?

Megaproyecto vial para la capital

Buenas noticias.

En estos días arrancaron las obras, en congruencia con el anuncio hecho por las autoridades en el sentido de crear un puente vehicular, un paso vehicular a desnivel y una ciclopista en una de las áreas urbanas de mayor tráfico de la capital, que es el crucero de Cinco Señores.

Se pretende que la obra se concluya en este año y es, sin duda alguna, una solución frente a los problemas de vialidades que además de agilizar la circulación, contribuirá a disminuir los accidentes (bueno, eso se espera).

Como es usual cuando se inicia una obra de alto impacto en el Estado de Oaxaca, siempre hay grupos que realizan señalamientos---con razón o sin ella---, y por lo general, para desacreditar los proyectos o tratar de obtener algún beneficio directo o indirecto.

La experiencia más reciente, además del propio proyecto vial de Cinco Señores, es un centro penitenciario en Valles Centrales, en el que supuestamente los vecinos reclamaban beneficios por esta obra y cada vez que la detenían se registraban pérdidas millonarias para la constructora y el gobierno.

El problema de fondo sigue siendo la operación política que acompaña la instrumentación de proyectos de gran impacto, ya que en muchos aspectos se aterrizan descuidando la debida gestión, divulgación e involucramiento que se debe tener con los actores sociales.

Lo ideal sería que los operadores gubernamentales de estas medidas hagan bien su trabajo para evitar altos costos por la falta de pericia política.

Instituto de la Mujer, ¿focalizar o transversalizar?

El dinero nunca es suficiente.
Las organizaciones feministas de Oaxaca exigen al nuevo gobierno estatal la asignación de 580 millones de pesos para ser operados a través del Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
Evidentemente, del Instituto se reasignaría parte de ese recurso a las actividades de las propias organizaciones, como sucede actualmente a través de los programas para mujeres que promueve la federación.
Aún cuando esta medida es legítima, ya que el Estado de Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares en violencia contra las mujeres, en general existe una cultura misógina, machista, y ciertas prácticas que discriminan a las mujeres, es evidente que los recursos nunca serán suficiente para transformar esa realidad, en tanto no se atienda lo fundamental.
Como se sabe, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña opera de gasto corriente al año unos cuatro millones de pesos y al menos unos 20 millones de pesos los gestiona de recursos de la federación principalmente.
El Instituto de la Mujer Oaxaqueña es una institución que tiene apenas unos diez años de creación y en ese tiempo ha contribuido a fomentar una cultura de la equidad de género con aciertos y altibajos que las propias organizaciones han denunciado como de mucha teoría y poca práctica.
Sin embargo, uno de sus grandes aciertos ha sido la divulgación y capacitación en materia de equidad de género, así como el impulso de una legislación con perspectiva de género, por los que Oaxaca ya no está tan atrasado en la materia.
Los retos están ahora en los municipios y principalmente en la educación formal, es decir institucionalizar la perspectiva de género en las escuelas públicas y en la gestión municipal.
Desde una perspectiva de política pública esto exige un trabajo transversal, con la suma de recursos y esfuerzos de la federación, el estado y los municipios, de modo que estas entidades destinen sus propios recursos a programas y acciones a favor de las mujeres desde una perspectiva de transversalidad.
Hay que darle todo lo que pida al Instituto de la Mujer, pero hay que darle más a los ayuntamientos del Estado y sus agencias municipales, que es donde está el auténtico desafío de promover la equidad de género.