La ausencia del federalismo en el discurso del presidente electo

Durante la campaña por la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador hizo varias promesas.

En muchos casos omitió señalar que algunos cambios tendrían que ser aprobados por el Congreso para proceder.

Como eran tiempos de campaña, no hubo en estricto sentido mucha discusión sobre el asunto.

Una vez que el candidato ha resultado ganador su discurso no se ha modificado.

Por ejemplo, la intención de cambiar de ubicación hacia otros estados a las secretarías del Poder Ejecutivo se percibe como una intención personal que día a día va mostrando la ausencia de un mapa de ruta, pero lo más alarmante, es que el sustento legal y político de esta decisión no se ve por ninguna parte.

En algunos casos el propio Andrés Manuel se ha referido a este proceso como "descentralización".

Incluso, los medios de comunicación han repetido esta idea, subestimando la dimensión del problema de fondo y repiten mecánicamente que se trata de un asunto de "descentralización", cuando en estricto sentido no es así.

Desde la perspectiva de que México es una república federalista existe una división de poderes que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para evitar la concentración del poder en un solo de éstos; del mismo modo, existe un equilibrio entre órdenes de gobierno, que son el federal el estatal y el municipal, por el cual se da un respeto entre las competencias de cada uno de estos ámbitos.

Esto es así porque ha sido una respuesta histórica en la búsqueda de equilibrios políticos y económicos que se ha construido a lo largo de la evolución del país.

De ahí que cuando hablamos de "descentralización", desde la perspectiva del federalismo mexicano, se entiende que un orden de gobierno como la federación, cede facultades y recursos hacia otro orden como el estatal que asume la responsabilidad de desarrollar esa función. También se puede dar de las entidades federativas hacia los municipios.

Cuando se trata de cambiar la ubicación de las secretarías de estado hacia las entidades federativas, no es un proceso de descentralización, estamos hablando de un acto de "desconcentración"; es decir, las secretarías siguen operando sus recursos y siguen dependiendo del poder ejecutivo, pero su ubicación se traslada territorialmente hacia otros lugares desde donde van a operar.

La finalidad de la desconcentración es acercar los bienes y servicios públicos en donde se obtenga una mayor eficacia.

El candidato electo ha señalado que la pretensión de reubicar a las secretarías del poder ejecutivo tiene esa intención de búsqueda de eficacia y al mismo tiempo que se fomente el desarrollo económico en los lugares a los que se trasladarán.

Desde una perspectiva de costo beneficio todavía existen muchas dudas de que se impacte positivamente el desarrollo económico local con el cambio de domicilio de las secretarías del poder ejecutivo. Sobre todo porque se prevé un adelgazamiento del aparato burocrático y los contrapesos sindicales limitarían también la pretensión de trasladar al personal operativo de base a los estados,  con lo que se corre el riesgo de mantener unidades operativas en la Ciudad de México y también unidades de la misma dependencia en el interior del país, pero esto se irá esclareciendo conforme se conozcan las estrategias de esta desconcentración.

Una evidencia adicional en la ausencia del federalismo en el discurso del presidente electo lo representa el nombramiento de figuras intermedias entre los gobernadores y el poder ejecutivo, los llamados "coordinadores". Durante el Porfirismo había una figura parecida, los "prefectos" y que fueron, entre otros, uno de los motivos por los que estalló la Revolución Mexicana.

Estos nombramientos fortalecen el poder central, aunque los riesgos de que vulneren el equilibrio federal son amplios, lo que podría derivar en controversias constitucionales cuando los órdenes de gobierno estatal y municipal vean vulnerada su soberanía y su autonomía, respectivamente.

Más allá de la retórica de campaña se espera que el presidente electo asuma su responsabilidad en el marco de la ley y del respeto del federalismo.

La necesidad de mejorar nuestro sistema político y de la arquitectura del servicio público es imperiosa.

Una modernización de la cosa pública tiene que partir necesariamente de los avances históricos que hemos logrado en la división de poderes y el equilibrio de ámbitos de competencias en los órdenes de gobierno.

Se trata de fortalecer el federalismo, de vigorizar las soberanías estatales y de consolidar la autonomía municipal.

Pero también se trata de ahuyentar el fantasma de las tentaciones autoritarias, en beneficio de una república federalista más sólida que brinde soluciones eficaces a las demandas de la realidad.

Los impuestos ocultos de los malos gobiernos

No está obligado a pagarlos.

Pero en la mayoría de los casos, termina pagándolos sin darse cuenta.

Los impuestos ocultos del gobierno son diversos gastos que el ciudadano común tiene que pagar, sin estar estrictamente obligado a hacerlo y que, en la mayoría de los casos, representan gastos adicionales para cubrir deficiencias por la mala calidad de los servicios públicos, o por la mala administración pública.

Son impuestos ocultos porque no ingresan a la tesorería para que de ahí se redistribuyan, sino que el ciudadano los paga directamente, suplantando involuntariamente al fisco y al gobierno.

Un ejemplo muy claro es, por ponerle un nombre, el impuesto para coadyuvar al alivio de la pobreza, mediante el subsidio de la limosna.

Va usted por la calle y una persona con evidente estado de necesidad o pobreza extrema le solicita que le done una moneda. Usted no está obligado a apoyarla, pero las condiciones materiales que ve le motivan un comportamiento ético y solidario por el que desembolsa un par de monedas.

Al igual que usted, cientos o tal vez miles de personas a la semana tendrán un comportamiento similar con diversos solicitantes en esa situación, lo que equivaldría a una enorme suma de dinero anualmente, a la manera del pago de un impuesto para apoyar a quienes sufren de pobreza extrema.

Sin discutir sobre la crisis del Estado de Bienestar y el paradigma neoliberal del “rásquese como pueda”, yo creo que evitar la pobreza de la población debiera ser una de las primeras responsabilidades del gobierno, pero como éste no puede por omisión o por comisión, usted como ciudadano común contribuye con un impuesto oculto, por lo menos para aliviarla.

Otro caso, en su comunidad el servicio de alumbrado público es deficiente, por lo que usted se ve en la necesidad de alumbrar la vía pública con un foco afuera de su casa. No obstante que existen postes de alumbrado público, la distancia o la calidad en el servicio es deficiente o falla con frecuencia, por lo que usted determina encender todas las noches el foco que alumbra la calle.

Este servicio se lo cobra regularmente la Comisión Federal de Electricidad como DAP, “Derecho de Alumbrado Público”, pero hay casos donde el servicio es deficiente.

Al poner usted su propio foco fuera de su casa, más allá de las razones estéticas y ante la necesidad de alumbrar la calle por la inseguridad prevaleciente, el consumo de energía eléctrica se incrementa, lo cual es un gasto adicional derivado de la mala calidad en el servicio público de alumbrado y que usted está financiando, a la manera de un impuesto oculto.

En el mismo sentido, ¿la inseguridad le ha obligado a realizar gastos adicionales o pérdida de tiempo? Digamos que usted tenga que asegurar sus ventanas, comprar candados, instalar cámaras de seguridad o contratar un vigilante: exactamente está usted pagando un impuesto oculto por la mala calidad del servicio público.

Otro ejemplo, aunque la dotación del servicio de agua potable es una obligación del municipio o del gobierno de su ciudad, usted se ve en la necesidad de comprar agua embotellada y purificada, porque la que le suministra el gobierno es deficiente en su calidad y poco apta para consumo humano.

Esa obligación constitucional que tiene el gobierno de brindarle agua potable para consumo humano, simplemente no se satisface, por lo que usted está financiando un impuesto adicional, para obtener un líquido de mejor calidad que le debiera brindar el gobierno.

Tratándose de empleados de gobierno ¿recibe usted su sueldo o salario vía nómina bancaria? ¿Qué ocurre cuando en una urgencia usted se ve en la necesidad de retirar dinero de un cajero automático que no pertenece al del banco en el que recibe usted su pago? Tiene que pagar por el servicio a la manera de un impuesto adicional para acceder a su propio dinero, por la prestación de un intermediario que se lo facilita a través de una comisión. Si usted ha devengado su salario, no tiene por qué pagar para tener acceso a éste.

Los impuestos ocultos del gobierno no sólo son en efectivo, en muchos casos también son en especie o intangibles.

Supongamos que usted perdió tiempo o dinero en algún trámite burocrático porque no se lo resuelven con rapidez o por causas ajenas a los procesos administrativos, pero atribuibles a los servidores públicos. Ese retardo con los perjuicios que pudieran significarle representan impuestos ocultos que usted está pagando y que, evidentemente, no podrá cobrar o hacer que se los regresen.

Su hijo perdió el empleo y junto con su nuera usted les da asilo temporal y contribuye al gasto de ellos, pues esa ayuda familiar representa un impuesto similar al apoyo al desempleo.

Por causa de la política económica del Estado, cuando un conocido o un familiar le pide prestado dinero porque ya está en el límite y no puede obtener créditos de las instituciones formales o porque los intereses bancarios son excesivos y los mecanismos de cobro son muy agresivos , usted le puede prestar o no, sin embargo, el hecho de prestar el dinero le significa que dejará usted de utilizarlo para alguna emergencia o para sus gastos ordinarios, viéndose en la necesidad, incluso, de pedir prestado, lo cual le ocasionó ya un perjuicio. Ese es un impuesto oculto derivado de la mala administración de la economía del Estado., 

Cuando una mala decisión gubernativa  genera pérdidas al erario, no dude usted que los costos, a fin de cuentas se trasladan al ciudadano común, como sucedió con la venta de algunos bancos del estado a la iniciativa privada que no pagaron impuestos y como sucede con el Fobaproa.

Sin duda, la mayor carga de impuestos ocultos a la ciudadanía la generan los gobiernos corruptos. 

Al igual que estos ejemplos mencionados, la realidad nos demuestra que hay una infinidad de resquicios por los que el ciudadano paga de manera informal los impuestos ocultos, sin darse cuenta de que con sus aportaciones, le está ayudando a hacer su tarea a los malos gobiernos.