Ya es hora.
El conflicto poselectoral municipal, principalmente en municipios que se rigen por el sistema de prácticas consuetudinarias, mejor conocidas como usos y costumbres, demandan de la mayor atención para avanzar hacia una necesaria reforma.
De acuerdo con la legislación electoral local, entre los requisitos fundamentales para que una elección sea realizada por este régimen se encuentra:
1. Que en el año en que se realizará el proceso, el ayuntamiento esté comprendido en el catálogo de municipios por usos y costumbres del Instituto Electoral estatal, situación que se puede modificar cuando el municipio de referencia manifieste su interés por pasar al régimen de partidos políticos.
2.Que la elección se realice como se viene haciendo de manera consuetudinaria.
3. Que la elección se realice en el lugar y fecha de costumbre.
4. Que la elección se realice sin la participación de partidos políticos.
Obviamente, es costumbre que los avecindados no tengan derecho a votar ni ser votados; que en muchos municipios las mujeres tampoco tienen derecho a ser votadas; que los integrantes de las agencias municipales tampoco pueden estar representados en el ayuntamiento; que los partidos políticos han encontrado un amplio campo de acción en agencias y municipios de usos y costumbres...
Mientras prevalezca este laxo requerimiento para la elección, seguirá sembrado el conflicto entre los ayuntamientos por usos y costumbres.
Por lo que se ve, alguien no está haciendo su tarea.
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miércoles, 12 de enero de 2011
martes, 4 de enero de 2011
Corrupción, el transfondo del conflicto poselectoral municipal
Es un secreto a voces.
La intensidad del conflicto poselectoral en Oaxaca ha venido creciendo de manera paralela al incremento de las participaciones federales que reciben los municipios del Estado.
Aunque el escándalo es mayor en época de renovación de autoridades electas por el régimen de partidos políticos, el conflicto subyace en cada renovación de ayuntamientos de usos y costumbres en los periodos de un año, año y medio y dos años.
En municipios de usos y costumbres, hasta hace una decena de años, las personas huían prácticamente de la comunidad para evitar ser nombradas como autoridades. Es harto conocido que no se cobraban dietas y que muchas veces la autoridad tenía que abandonar su trabajo e incluso poner de su bolsillo para el funcionamiento del ayuntamiento.
Lejos quedó ese tiempo.
Hoy en día es públicamente conocido que las constructoras, los despachos de contadores públicos y los partidos políticos, son los principales promotores de la corrupción.
Es común que las constructoras finjan las licitaciones, evitan la designación de directores responsables de obra por parte del municipio y están muy dispuestos a inflar de manera impresionable la obra pública municipal, que muchas veces se traduce en afectaciones severas a la calidad y cantidad de la obra pública municipal.
Del mismo modo, los despachos contables se sinceran con las autoridades municipales al ofrecerles una módica comisión, que va del 20 al 30 por ciento, por justificar cada millón de pesos.
Por su parte, los partidos políticos, con el pretexto de evitar ingobernabilidad y violencia, promueven negociaciones entre agencias y sus cabeceras municipales con el propósito de que el ayuntamiento les asigne dinero en efectivo del ramo 28 y muchas veces omiten la comprobación, complicándole el asunto a la tesorería municipal. Del mismo modo, pelean porque les sean asignados puestos como la sindicatura, tesorería y regiduría de hacienda, que tienen que ver con la decisión del manejo de los recursos.
Podrán decir misa sobre las supuestas reivindicaciones democráticas, pero no podrán negar que el transfondo de los conflictos políticos está en una jugosa cantidad de dinero que reciben.
La intensidad del conflicto poselectoral en Oaxaca ha venido creciendo de manera paralela al incremento de las participaciones federales que reciben los municipios del Estado.
Aunque el escándalo es mayor en época de renovación de autoridades electas por el régimen de partidos políticos, el conflicto subyace en cada renovación de ayuntamientos de usos y costumbres en los periodos de un año, año y medio y dos años.
En municipios de usos y costumbres, hasta hace una decena de años, las personas huían prácticamente de la comunidad para evitar ser nombradas como autoridades. Es harto conocido que no se cobraban dietas y que muchas veces la autoridad tenía que abandonar su trabajo e incluso poner de su bolsillo para el funcionamiento del ayuntamiento.
Lejos quedó ese tiempo.
Hoy en día es públicamente conocido que las constructoras, los despachos de contadores públicos y los partidos políticos, son los principales promotores de la corrupción.
Es común que las constructoras finjan las licitaciones, evitan la designación de directores responsables de obra por parte del municipio y están muy dispuestos a inflar de manera impresionable la obra pública municipal, que muchas veces se traduce en afectaciones severas a la calidad y cantidad de la obra pública municipal.
Del mismo modo, los despachos contables se sinceran con las autoridades municipales al ofrecerles una módica comisión, que va del 20 al 30 por ciento, por justificar cada millón de pesos.
Por su parte, los partidos políticos, con el pretexto de evitar ingobernabilidad y violencia, promueven negociaciones entre agencias y sus cabeceras municipales con el propósito de que el ayuntamiento les asigne dinero en efectivo del ramo 28 y muchas veces omiten la comprobación, complicándole el asunto a la tesorería municipal. Del mismo modo, pelean porque les sean asignados puestos como la sindicatura, tesorería y regiduría de hacienda, que tienen que ver con la decisión del manejo de los recursos.
Podrán decir misa sobre las supuestas reivindicaciones democráticas, pero no podrán negar que el transfondo de los conflictos políticos está en una jugosa cantidad de dinero que reciben.
jueves, 30 de diciembre de 2010
Municipios: con el encargado hemos topado Sancho
Cada vez será peor.
Los conflictos derivados de la elección municipal 2010, en los que se renovaron 418 ayuntamientos por el régimen de usos y costumbres---es decir, autoridades electas en asambleas comunitarias--- y 152 ayuntamientos por el régimen de partidos políticos, muestran escasas motivaciones de una reivindicación democrática legítima y un creciente conflicto poselectoral.
Autoridades gubernamentales han aportado distintas cifras respecto del número de ayuntamientos que no se lograron integrar por inconformidades políticas, que van de los 30 a los 50, aproximadamente en los que previsiblemente habrá la temida figura del "encargado municipal", que no contempla la Constitución local y que está previsto en la nueva Ley Orgánica Municipal(SIC) del Estado que sustituye ese nombre en lugar de los anteriores "administradores municipales", que en su momento representaron la mayor violación a la autonomía municipal.
La figura del ahora "encargado municipal" es un doble reto para las autoridades estatales ---Poder Ejecutivo y Legislativo---, ya que se espera que, en términos de la ley municipal del estado, se privilegie la integración de Concejos Municipales, de entre los vecinos de la comunidad. Aún cuando en la ley respectiva se determina que los "encargados" serán nombrados por la Cámara de Diputados ---una novedad positiva---, a petición del ejecutivo estatal, ahora la gran duda es qué criterios y requisitos se deberán reglamentar para instituir esa figura.
Veremos.
Los conflictos derivados de la elección municipal 2010, en los que se renovaron 418 ayuntamientos por el régimen de usos y costumbres---es decir, autoridades electas en asambleas comunitarias--- y 152 ayuntamientos por el régimen de partidos políticos, muestran escasas motivaciones de una reivindicación democrática legítima y un creciente conflicto poselectoral.
Autoridades gubernamentales han aportado distintas cifras respecto del número de ayuntamientos que no se lograron integrar por inconformidades políticas, que van de los 30 a los 50, aproximadamente en los que previsiblemente habrá la temida figura del "encargado municipal", que no contempla la Constitución local y que está previsto en la nueva Ley Orgánica Municipal(SIC) del Estado que sustituye ese nombre en lugar de los anteriores "administradores municipales", que en su momento representaron la mayor violación a la autonomía municipal.
La figura del ahora "encargado municipal" es un doble reto para las autoridades estatales ---Poder Ejecutivo y Legislativo---, ya que se espera que, en términos de la ley municipal del estado, se privilegie la integración de Concejos Municipales, de entre los vecinos de la comunidad. Aún cuando en la ley respectiva se determina que los "encargados" serán nombrados por la Cámara de Diputados ---una novedad positiva---, a petición del ejecutivo estatal, ahora la gran duda es qué criterios y requisitos se deberán reglamentar para instituir esa figura.
Veremos.
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