Es un tema de gobernabilidad.
La educación pública en Oaxaca adquiere hoy en día una importancia relevante por tres razones: como pilar estratégico del desarrollo local, como destino creciente de cuantiosos recursos financieros y como fuente de conflicto social.
Hoy en día la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca—que es el principal subsistema de educación media superior en el estado--- y las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria que coordina el Instituto de Educación Pública de Oaxaca muestran un malestar laboral y social que se traduce en continuas huelgas o manifestaciones de inconformidad por parte de los trabajadores de la educación.
La mayor cobertura de educación pública en la entidad se encuentra en estas instituciones.
En la mayoría de los casos una de sus principales demandas es el cumplimiento de las obligaciones patronales y una ampliación presupuestal.
Si bien es cierto que cada una de estas entidades educativas tiene particularidades históricas, algunas con intereses específicos que trascienden lo estrictamente académico, también es cierto que coinciden hoy en un punto crítico a la manera de un cuello de botella que restringe su funcionamiento adecuado para responder con eficacia a los desafíos de la realidad.
Con seis sindicatos internos la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca registra en promedio una huelga al año, durante los últimos diez años, y sus fricciones internas trascienden a través de paros, bloqueos, marchas y suspensión de clases. Actualmente se ha informado que se encuentra en negociaciones con la Secretaría de Educación Pública para resolver sus necesidades financieras.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación a través de la Sección XXII, que cubre las principales escuelas que agrupa el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca(IEEPO), es ampliamente conocido por sus constantes bloqueos y el abanderamiento de diversas causas políticas y sociales; entre sus principales demandas está la ampliación presupuestal y la revocación de la reforma educativa que obliga a los profesores a evaluarse.
En estos días, trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca(COBAO) mantienen la amenaza de una huelga por el incumplimiento de obligaciones patronales que, según la prensa, tan sólo del año 2007, el adeudo asciende a más de 400 millones de pesos.
Por donde quiera que se le vea esta situación es sintomática y muestra un problema mayor en la situación financiera del gobierno estatal, que—como se identifica también en los servicios de salud que junto con educación concentran la mayor parte del presupuesto estatal---, requiere de una intervención profunda del gobierno para mantener la operación de estos servicios públicos y evitar mayores conflictos que abonarían a la ingobernabilidad local.
La educación pública es un baluarte del desarrollo con equidad, es innegable su necesario fortalecimiento para mejorar la calidad y ampliar su cobertura, pero también, es indispensable –al tiempo de destinarle mayores recursos---, imprimirle un sentido de racionalidad desde la perspectiva de políticas públicas.
Esto significa revisar cuáles son las fallas que afectan a la educación pública, especialmente de las entidades señaladas, e intervenirlas desde el gobierno, con pleno respeto al estado de derecho, para que se favorezca un equilibrio en la relación costo-beneficio y tengan una mejor eficacia.
Se identifican algunas fallas generales en este problema de cuello de botella:
1. Por parte del gobierno del estado, una alta dependencia de los recursos de la federación, lo que limita y condiciona la gestión gubernativa.
2. Por parte de la federación, una inacabada descentralización de servicios educativos que genera una dualidad en la responsabilidad patronal.
3. Por ambas partes, una falta de coordinación en la planeación educativa y en las negociaciones con sindicatos sobre la base de la racionalidad presupuestal.
4. Por parte de las autoridades de las instituciones educativas, una falta de responsabilidad y de pericia administrativa para mantener un crecimiento ordenado y una regulación idónea de sus instituciones.
5. Por parte de los sindicatos de las instituciones educativas, la falta de compromiso social, ya que en la mayoría de los casos, sus actuaciones parten de la idea de ganar-ganar desde un enfoque gremial, sin importarles la falta de congruencia de sus resultados con la sociedad.
En este último punto se debe precisar que muchos líderes sindicales comentan que si ellos piden y les dan, los sindicatos no tienen la culpa de la generosidad del gobierno, mientras se cumpla con los requisitos de ley para aprobarse los contratos colectivos de trabajo.
Históricamente los sindicatos han sido aliados de las clases populares, es tiempo de reivindicar su origen y sus propósitos de equidad en el acceso a las oportunidades y los beneficios laborales.
La lógica general de los gobiernos es cortoplacista y política, es decir, el dinero para comprometerlo no sale de sus bolsillos y su duración en el cargo es temporal, por lo que prefieren mantener una ficticia armonía a resolver un problema creciente como una bola de nieve al invertir en barriles sin fondo.
A este respecto, la Ley del Servicio Profesional Docente ha venido a regular la equidad en el acceso a las plazas docentes bajo principios de calidad. Los sindicatos educativos a los que aplica dicha ley han sentido la pérdida de regular uno de sus bastiones de poder que son los docentes, pero les queda un amplio margen de maniobra en lo que se refiere al personal administrativo.
En la mayoría de las demandas de ampliación presupuestal para la educación, el sector a beneficiar es el del personal administrativo, lo que plantea la necesidad de equilibrar esta participación, sobre todo cuando las nuevas tecnologías favorecen una simplificación de procesos y funciones en el mediano plazo por lo que no serán necesarias muchas plazas de este tipo.
Por causas del malestar en la educación pública, el estado de Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en bloqueos, manifestaciones sociales y paros que dañan a la sociedad y afectan la armonía y la paz social.
Miles de estudiantes son afectados de manera directa al no cubrirse los planes y programas de estudio y profundizarse su indisciplina y su ignorancia, que llevan arrastrando conforme avanzan hacia niveles superiores, al menos así lo demuestran los resultados de las evaluaciones internacionales que se aplican en la educación.
Además de las pérdidas cuantiosas en la economía local también hay un efecto nocivo en la moral del pueblo que pierde la confianza en sus autoridades y en sus instituciones.
Es tiempo de recuperar la inteligencia del gobierno en beneficio de la educación pública, de calidad y gratuita.
Urge un presupuesto mayor para la educación pública, pero también una mayor inteligencia y responsabilidad compartida entre sus actores.
Bajo el enfoque de la gobernabilidad la educación es la única vía para el progreso personal y social, su recepción de recursos es legítima y necesaria y no debe ser fuente de conflicto social.
La educación pública en Oaxaca adquiere hoy en día una importancia relevante por tres razones: como pilar estratégico del desarrollo local, como destino creciente de cuantiosos recursos financieros y como fuente de conflicto social.
Hoy en día la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca—que es el principal subsistema de educación media superior en el estado--- y las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria que coordina el Instituto de Educación Pública de Oaxaca muestran un malestar laboral y social que se traduce en continuas huelgas o manifestaciones de inconformidad por parte de los trabajadores de la educación.
La mayor cobertura de educación pública en la entidad se encuentra en estas instituciones.
En la mayoría de los casos una de sus principales demandas es el cumplimiento de las obligaciones patronales y una ampliación presupuestal.
Si bien es cierto que cada una de estas entidades educativas tiene particularidades históricas, algunas con intereses específicos que trascienden lo estrictamente académico, también es cierto que coinciden hoy en un punto crítico a la manera de un cuello de botella que restringe su funcionamiento adecuado para responder con eficacia a los desafíos de la realidad.
Con seis sindicatos internos la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca registra en promedio una huelga al año, durante los últimos diez años, y sus fricciones internas trascienden a través de paros, bloqueos, marchas y suspensión de clases. Actualmente se ha informado que se encuentra en negociaciones con la Secretaría de Educación Pública para resolver sus necesidades financieras.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación a través de la Sección XXII, que cubre las principales escuelas que agrupa el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca(IEEPO), es ampliamente conocido por sus constantes bloqueos y el abanderamiento de diversas causas políticas y sociales; entre sus principales demandas está la ampliación presupuestal y la revocación de la reforma educativa que obliga a los profesores a evaluarse.
En estos días, trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca(COBAO) mantienen la amenaza de una huelga por el incumplimiento de obligaciones patronales que, según la prensa, tan sólo del año 2007, el adeudo asciende a más de 400 millones de pesos.
Por donde quiera que se le vea esta situación es sintomática y muestra un problema mayor en la situación financiera del gobierno estatal, que—como se identifica también en los servicios de salud que junto con educación concentran la mayor parte del presupuesto estatal---, requiere de una intervención profunda del gobierno para mantener la operación de estos servicios públicos y evitar mayores conflictos que abonarían a la ingobernabilidad local.
La educación pública es un baluarte del desarrollo con equidad, es innegable su necesario fortalecimiento para mejorar la calidad y ampliar su cobertura, pero también, es indispensable –al tiempo de destinarle mayores recursos---, imprimirle un sentido de racionalidad desde la perspectiva de políticas públicas.
Esto significa revisar cuáles son las fallas que afectan a la educación pública, especialmente de las entidades señaladas, e intervenirlas desde el gobierno, con pleno respeto al estado de derecho, para que se favorezca un equilibrio en la relación costo-beneficio y tengan una mejor eficacia.
Se identifican algunas fallas generales en este problema de cuello de botella:
1. Por parte del gobierno del estado, una alta dependencia de los recursos de la federación, lo que limita y condiciona la gestión gubernativa.
2. Por parte de la federación, una inacabada descentralización de servicios educativos que genera una dualidad en la responsabilidad patronal.
3. Por ambas partes, una falta de coordinación en la planeación educativa y en las negociaciones con sindicatos sobre la base de la racionalidad presupuestal.
4. Por parte de las autoridades de las instituciones educativas, una falta de responsabilidad y de pericia administrativa para mantener un crecimiento ordenado y una regulación idónea de sus instituciones.
5. Por parte de los sindicatos de las instituciones educativas, la falta de compromiso social, ya que en la mayoría de los casos, sus actuaciones parten de la idea de ganar-ganar desde un enfoque gremial, sin importarles la falta de congruencia de sus resultados con la sociedad.
En este último punto se debe precisar que muchos líderes sindicales comentan que si ellos piden y les dan, los sindicatos no tienen la culpa de la generosidad del gobierno, mientras se cumpla con los requisitos de ley para aprobarse los contratos colectivos de trabajo.
Históricamente los sindicatos han sido aliados de las clases populares, es tiempo de reivindicar su origen y sus propósitos de equidad en el acceso a las oportunidades y los beneficios laborales.
La lógica general de los gobiernos es cortoplacista y política, es decir, el dinero para comprometerlo no sale de sus bolsillos y su duración en el cargo es temporal, por lo que prefieren mantener una ficticia armonía a resolver un problema creciente como una bola de nieve al invertir en barriles sin fondo.
A este respecto, la Ley del Servicio Profesional Docente ha venido a regular la equidad en el acceso a las plazas docentes bajo principios de calidad. Los sindicatos educativos a los que aplica dicha ley han sentido la pérdida de regular uno de sus bastiones de poder que son los docentes, pero les queda un amplio margen de maniobra en lo que se refiere al personal administrativo.
En la mayoría de las demandas de ampliación presupuestal para la educación, el sector a beneficiar es el del personal administrativo, lo que plantea la necesidad de equilibrar esta participación, sobre todo cuando las nuevas tecnologías favorecen una simplificación de procesos y funciones en el mediano plazo por lo que no serán necesarias muchas plazas de este tipo.
Por causas del malestar en la educación pública, el estado de Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en bloqueos, manifestaciones sociales y paros que dañan a la sociedad y afectan la armonía y la paz social.
Miles de estudiantes son afectados de manera directa al no cubrirse los planes y programas de estudio y profundizarse su indisciplina y su ignorancia, que llevan arrastrando conforme avanzan hacia niveles superiores, al menos así lo demuestran los resultados de las evaluaciones internacionales que se aplican en la educación.
Además de las pérdidas cuantiosas en la economía local también hay un efecto nocivo en la moral del pueblo que pierde la confianza en sus autoridades y en sus instituciones.
Es tiempo de recuperar la inteligencia del gobierno en beneficio de la educación pública, de calidad y gratuita.
Urge un presupuesto mayor para la educación pública, pero también una mayor inteligencia y responsabilidad compartida entre sus actores.
Bajo el enfoque de la gobernabilidad la educación es la única vía para el progreso personal y social, su recepción de recursos es legítima y necesaria y no debe ser fuente de conflicto social.
