En materia municipal avanzamos (en reversa)

Es como un regalo de Navidad.
Los diputados de la LX Legislatura aprobaron de último minuto una nueva "Ley Orgánica Municipal" que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 30 de noviembre del 2010.
A reserva de realizar un análisis en relación con la anterior Ley Municipal para el Estado de Oaxaca conviene destacar dos cosas que se perciben a simple vista.
E la mayoría de los estados del país, desde la década de los ochentas, la mayoría de las leyes municipales omitieron la palabra "orgánica", por considerar que dicho término connotaba la intromisión del Poder Legislativo en contra de la autonomía municipal.
Una de las características del municipio, como sabemos, es la libertad administrativa, lo que les permite organizarse conforme a sus características, vocaciones e intereses.
En las discusiones de los municipalistas se determinó por lo tanto, que el término de Ley Orgánica Municipal no era recomendable, incluso, hubo estados como Chihuahua, que prefirió emitir un Código Municipal.
Pero tal vez alguien no informó a los diputados de estos antecedentes.
Otro aspecto visible que muestra el desdén por el municipio es que, precisamente, en la nueva "Ley Orgánica Municipal" se sigue considerando al municipio como un "nivel" de gobierno y no un orden de gobierno, que es más congruente con las reivindicaciones jurídico políticas alcanzadas por una larga lucha municipalista.
Tanto desdén sólo es justificable por la ignorancia de quienes pretenden hacer leyes sin la asesoría pertinente.
Es una lástima porque Oaxaca, con sus 570 municipios, debiera ser ejemplo de vanguardia en materia municipalista y muy por el contrario, como sucedió con la desaparición del Instituto de Desarrollo Municipal en el sexenio que acaba de terminar, pareciera que en materia municipal avanzamos en reversa.

Solución al problema de funcionarios intitulados

Como el quesillo.
Algunos funcionarios del nuevo gobierno del Estado enfrentan una debacle por la falta de tìtulo profesional.
No menos vergonzosa, es la situación de quienes se atreven a exhibir un tìtulo falso o una cédula apócrifa y además son evidenciados ante la opinión pública.
El asunto no pasaría a mayores si no fuera porque la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada el 1 de diciembre del 2010 determina en su Artículo 14 que para ser titular de una secretaría o de los órganos auxiliares de la administración pública estatal se requiere, entre otros requisitos: "contar al menos con título, cédula profesional o equivalente", y en otra polémica fracción que todavía no revienta, se refiere a "tener un modo honesto de vivir, para lo cual deberá aprobar los exámenes de control de confianza que establezca la ley". Afortunadamente para este último caso, todavía no hay ninguna ley que que prevea los susodichos examénes de control de confianza.
Una frase irónica del corrillo de la burocracia adquiere relevancia histórica: en el gobierno todos los hombres son licenciados y todas las mujeres señoritas. En efecto, durante muchos sexenios, se ha partido de la buena fe en la supuesta profesión de los servidores públicos, pero tanto, que el abuso se constituyó en la normalidad, ya que funcionarios de elevado rango se ostentaron con títulos que, es del dominio público que no tenían.
Lo que deja ver este asunto es que los operadores políticos del nuevo gobierno no se han puesto las pilas.
Antes de que siga el destripadero y que se siga desboronando la honorabilidad del nuevo régimen, urge que se reforme la Ley Orgánica para que esa fracción incluya la palabra "preferentemente".
Esta reforma no tendría ningún problema en la Cámara de Diputados que ya demostró su eficacia, rapidez y probidad al aprobar una iniciativa en un día---desde su recepción, pasando por su análisis en comisiones y su discusión en pleno, su dictaminación y hasta su publicación en el Periódico Oficial el mismísimo día en que su promovente era ungido gobernador del estado--- y que se refiere precisamente a la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que fue publicada con fecha 1 de diciembre del 2010, el mismo día en que tomaba posesión el nuevo gobernador.
Dicen los malpensados que lo contrario a esta eficacia legislativa sería ilegal.
Por lo pronto, una reforma legislativa tendría menos problema que seguir metiendo en apuros a los recién nombrados secretarios de estado.