Oaxaca, ¿Cómo sanear una sociedad desmoralizada?

La violencia nunca se justifica.

Durante algunos meses la sociedad del Estado de Oaxaca se ha visto alterada por un malestar---de manera simplista podríamos decir que de víctima o verdugo, según el lugar donde uno se pare---, y que ha repercutido en la normalidad de la vida cotidiana.

Más allá de las causas, motivaciones y objetivos de los diversos grupos que han alterado el orden social, un hecho es cierto: el hartazgo es recíproco.

Nunca como ahora se percibe una sociedad dividida y cansada, frustrada; existe un sentimiento general de incapacidad para resolver los problemas y para lograr una armonía social. Existe una incertidumbre sobre el futuro inmediato y la zozobra se hace cotidiana por los rumores, las acciones y el discurso de los diversos actores involucrados en la controversia.

La ancestral pobreza, la imparable corrupción oficial y la infinita presión económica sobre la ciudadanía---como dice el dicho, al perro más flaco se le cargan más las pulgas---, provoca que Oaxaca profundice su dependencia, su anquilosamiento y su involución política, económica y social.

Si se observa a los movimientos sociales de Oaxaca bajo el microscopio de la teoría de las revoluciones, sus estertores no pintan para un cambio de trascendencia real por su bajo perfil y sus propósitos sectoriales y cortoplacistas.

Esta situación de inestabilidad y desmoronamiento moral del pueblo oaxaqueño, no lo sustenta para enfrentar los desafíos del desarrollo.

Los pueblos, como los hombres, necesitan un cuerpo sano y una mente sana.

¿De qué manera, entonces, se puede recuperar la fe, la confianza y la autoestima de una sociedad vapuleada, dividida, frustrada ante el futuro y sin la esperanza de una estabilidad que ayude a impulsar su avance por la senda del progreso?

En primer lugar se necesita recuperar el Estado de Derecho. Que las partes se apeguen estrictamente a la legalidad. Que el Estado cumpla con su obligación de mantener la paz pública y garantizar la seguridad jurídica de las personas, a través de la observancia de los derechos y garantías constitucionales.

Pero el Estado, a través del gobierno, también necesita recuperar su credibilidad, se requiere combatir la impunidad y dar muestras contundentes de convicción y compromiso por la justicia y la legalidad.

La población necesita recuperar la confianza en su gobierno y en sus instituciones; y si la parte agraviada que reclama derechos tiene causas justas, debe agotar todos los instrumentos de negociación y de legalidad, antes de proclamar la violencia y el chantaje político.

En segundo lugar, es necesario impulsar un gran movimiento de reconciliación, paz y justicia entre los diversos actores sociales, políticos y económicos.

Más que sacar leña del árbol caído, los partidos, las iglesias, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, los diputados, los presidentes municipales y principalmente los partidos políticos, deben actuar con responsabilidad social y convocar a la paz y la legalidad.

Cada institución, desde sus respectivos ámbitos, debe recuperar y fomentar los valores como el diálogo, la razón jurídica, la tolerancia, el respeto con la convicción de que el futuro de México es un futuro de grandeza.

Por algún lado tenemos que empezar a tejer la confianza desde las amistades, la familia, las instituciones, comunidades y pueblos y demostrar que más allá de nuestras diferencias somos sociedades civilizadas donde impera la razón y la legalidad y que por lo mismo, tenemos el derecho de ganarnos un futuro con responsabilidad y legitimidad.

Sanear la sociedad oaxaqueña, convulsa y subestimada, no se logrará de la noche a la manaña, pero podemos empezar hoy por nosotros mismos con una pizca de optimismo y buena fe.

Dinero público: despilfarro, ineficacia y corrupción

Parece un cuento chino.

Con el debido respeto para la civilización china, en la cultura popular mexicana un cuento chino significa una narración exagerada que es imposible que haya ocurrido.

Por analogía, vendría a ser lo mismo que esta otra acertada frase que ilustra un estado de incapacidad mental, de inmadurez o de haber sido sorprendido sin ninguna posibilidad de defensa: recibir atole con el dedo.

Y es que no hay otra palabra que describa la actitud del ciudadano común cuando se le informa que los recursos públicos que están destinados para promover mejores condiciones de desarrollo para él, su familia y su sociedad, simplemente se han perdido en el despilfarro, la ineficacia o la corrupción.

Recientemente se publicó en el periódico El Imparcial de Oaxaca (27 de agosto), a través del reportero Juan Medrano, la declaración del titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, que 300 presidentes municipales del trienio anterior no comprobaron cerca de 4 mil millones de pesos.

Dijo que de estos recursos se carece de actas de entrega recepción, expedientes técnicos, facturas, comprobantes fiscales y en general la documentación contable comprobatoria del gasto público ejercido en el trienio anterior. Lo que ha generado sospechas de corrupción.

A reserva de que se ratifique el dicho del responsable de la vigilancia de la cuenta pública del estado, es lógico, sensato y razonable pensar que esto simplemente no puede ser posible.

Un asunto tan delicado como el erario, no puede presentar fallas tan elementales con consecuencias tan graves.

Oaxaca, entidad con una elevada marginación, con una acentuada dispersión poblacional, con una orografía compleja, con 417 municipios, de 570, que se manejan por “usos y costumbres”, y en los que la duración del gobierno municipal va de un año, a año y medio, dos años y hasta tres años, donde la mayoría de las autoridades municipales apenas si saben leer y escribir, históricamente ha sido un campo propicio para justificar el extravío de dinero, de todos los niveles de gobierno.

Hay un desdén institucional por el municipio en Oaxaca, que es, irónicamente, el estado con el mayor número de municipios en el país y, asimismo, el orden de gobierno más cercano a la gente.

Esta caracterización de bajo perfil en el desarrollo institucional municipal puede ser una causa de la falta de comprobación de recursos públicos en tiempo y forma, pero también hay que reconocer que con las participaciones de recursos federales que reciben los municipios, la célula básica del federalismo se ha convertido en una arena por excelencia para la disputa de los dineros públicos, tanto de manera formal, como de manera informal.

Pero las autoridades municipales, en los casos de corrupción que se pueda identificar, no actúan por sí mismos, una de las principales área de corrupción se da a través de la obra pública.

Muchas constructoras ofrecen a la propia autoridad municipal un jugoso plan de comisiones para ganar la asignación de la obra y tratándose de licitaciones, son capaces de presentar tres o más propuestas distintas de empresas legalmente constituidas que pueden mantener un arreglo entre sí, o tener a los mismos accionistas o sus prestanombres.

Para que se pueda generar el moche, la mordida o la comisión, hay que sacrificar la calidad y la cantidad de la obra, lo cual se traduce en vicios ocultos, en obras con escasa vida útil, en obras que requieren una inversión mayor de mejoras en el corto plazo y en el peor de los casos, obras inexistentes u obras que ya existían y que se maquillan para justificar el gasto.

En otras ocasiones se ha denunciado la existencia de empresas fantasmas que cobran jugosos anticipos para luego desaparecer. Aunque en menor medida, también se han denunciado mecanismos de extorsión hacia las autoridades municipales, ya que delincuentes les prometen gestionar donativos en especie del Sistema de Administración Tributaria, como patrullas, carros de bomberos, ambulancias, previa entrega de anticipos en efectivo para gastos de operación, que se perderán junto con la buena fe de las autoridades municipales.

La cuantía del gasto público, ha generado también un relevante sector de gestores, asesores y contadores, no pocos con escrúpulos, que se disputan las migajas del pastel con los intermediarios institucionales, los mártires de las organizaciones sociales que exigen su derecho de piso al presupuesto público y entre los que se encuentran no pocos políticos y recomendados de los personeros del poder público.

Muchos partidos acostumbran a inflar la nómina municipal con una cuota de plazas que se impone al presidente municipal, tanto en la burocracia local, como en los comités municipales del partido, que hacen la función de substituir la aplicación de los jugosos recursos que deberían de destinar a sus actividades de proselitismo político.

En este maremágnum de corrupción existente, la culpa no sólo es de algunos partidos políticos que tienen prácticas de agencias de colocaciones, de lobbies o de cuello de botella en la asignación de obra pública o del destino de la inversión de los recursos públicos, también tienen un poco de culpa algunos colegios de profesionistas―tradicionalmente desgastados entre la grilla y el divisionismo―, dejando en segundo lugar la grave tarea de regular el ejercicio profesional y supervisar la ética de sus miembros.

Por otro lado, y afortunadamente, hasta el momento, en Oaxaca todavía no se tiene conocimiento de que la delincuencia organizada esté extorsionando a las administraciones públicas municipales como ha sucedido en otras entidades, pero esto ya sería el colmo.

Evidentemente hay soluciones.

Oaxaca, pese a sus características geográficas o sociales, no es un mundo extraterrestre o esotérico e imponer soluciones a esta problemática no significa descubrir el hilo negro. Mucho depende de la convicción de los gobernantes, de su compromiso con la ley, la equidad y la justicia.

Como en todo proceso, las fallas de control y vigilancia en el gasto público de Oaxaca, con esas cantidades enormes de recursos sin comprobar y que dan lugar al sospechosismo, muestran un desarreglo institucional que estrictamente va más allá de las autoridades municipales, porque así conviene al sistema.

Lo cual no es un asunto menor. Tal vez por eso es de lamentarse la falta de estudios que permitan profundizar el conocimiento de esta problemática.

En fin, es probable que el ciudadano común siga escuchando discursos de denuncia de actos de corrupción consumada, a la manera de cuentos chinos, en voz de funcionarios del mismo estado, en vez de constatar hechos proactivos, que prevengan y reduzcan esas irregularidades que son fuente de inequidades, injusticias y retraso social.

No hay que olvidar que este girón de la Patria, es  cuna de uno de los gobernantes más honestos que haya existido en la historia de México, Benito Juárez, y esos actos escandalosos de dispendios, ineficacia y corrupción no honran su memoria ni contribuyen a elevar el nivel de vida, ni el prestigio del estado y sus habitantes.